Zapatero garantiza que "no se va a cerrar nada en internet"

El Gobierno se ha enredado con Internet. La posibilidad de que se corte el servicio sin orden judicial a aquellas webs que fomenten la piratería ha creado un lío entre ministerios y Presidencia. En la sede de Cultura, Ángeles González-Sinde recibía a 14 periodistas, blogueros y gurús de la red para indicarles el desarrollo de los puntos relativos a las descargas ilegales y para reafirmarse en su postura: se podrá cerrar las páginas sin la intervención de un juez. Poco después, el titular de Justicia, Francisco Caamaño afirmaba en el Congreso de los Diputados que era necesario "el control judicial"; y para rematar, el presidente del Gobierno aseguraba que "no se va a cerrar ninguna web" y que está dispuesto a modificar el anteproyecto de ley.

Los movimientos gubernamentales comenzaron en la tarde del miércoles. La red era un hervidero de opiniones contrarias a la iniciativa, centralizadas en el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en internet'. Para intentar calmar las aguas, Cultura convocó a 14 miembros destacados de la comunidad cibernética española. Allí estaban el consejero delegado de Weblogs, Julio Alonso; los periodistas Ignacio Escolar, Juan Zafra, Fernando Berlín (www.radiocable.com), José Cervera y Virginia Alonso, subdirectora de 20minutos.es; el fundador del portal inmobiliario Idealista, Jesús Encinar; Gumersindo Lafuente; la directora de la web de RTVE, Rosalía Lloret; Álvaro Ibáñez, de Microsiervos.com; el responsable de Lainformación.com, Mario Tascón; el fundador del Grupo de Interés por la Información (GiPi), David Martínez; el creador de ADSLzone y Movilzone, Javier Sanz y el experto en Internet del Instituto Empresa, Enrique Dans.

Ante todos estos expertos, los responsables de Cultura (la ministra se marchó a la media hora) desgranaron los puntos fundamentales del proyecto. Aseguraron que los 'blogs' estarán protegidos y que no se cerraran. Tampoco se perseguirán a los usuarios individuales ni a las páginas de enlaces a contenidos ilegales, ya que quienes realizan la actividad ilegal son otros y no se cortará la red en las casas. Las medidas están orientadas a bloquear o eliminar las páginas que "estén violando los derechos de propiedad intelectual de terceros y lucrándose con ello mediante pagos directos de los usuarios", según señaló en su blog como resumen Álvaro Ibáñez, de Microsiervos.com

El encuentro fue narrado en directo por los asistentes, que se metieron en Twitter para dar su opinión. "El Ministerio no muestra voluntad de cambiar el anteproyecto, todo lo más hablar del reglamento", comentaba Julio Alonso, ya que los responsables del Ministerio incidían en desarrollar este apartado y enseñárselo al grupo después de Navidades. También explicaron el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Recibirá las denuncias, preguntará al acusado y luego decidirá si tramita la petición de cierre o bloqueo de la página. El cierre definitivo lo decidirá un juez y los bloqueos de webs o URL se tramitarán a través de los proveedores de acceso españoles, según recogió Ibáñez. A pesaDans desde su 'blackberry'.

Abierto al cambio

José Luis Rodríguez Zapatero se apresuró a parar el estruendo generado por la medida contenida en el anteproyecto de la ley de economía sostenible con una afirmación tajante: "No se va a cerrar nada en la red". El presidente del Gobierno puso un inusual interés en dejar clara su posición, sin atender a que sus palabras pudieran interpretarse como una reprimenda a las intenciones de su ministra de Cultura. "Si hay que aclarar algo se hará", garantizó en Moncloa.

El texto legislativo que el martes presentó el jefe del Ejecutivo en el Congreso, aún en fase embrionaria, contiene medidas aportadas por todos los ministerios. Cada uno hizo su aportación y luego se intentó ordenar en un articulado coherente con el objetivo pretendido, que es el cambio del modelo productivo. Pero la norma entraña sorpresas incluso para su impulsor.

Zapatero defendió que es preciso proteger la propiedad intelectual porque "si no sería imposible que hubiera gente creando y haciendo progresar el país", pero dejó claro que ese es un asunto aún "pendiente" en su agenda para el que no se ha hallado la fórmula adecuada. "Si se ha interpretado que será posible cerrar algún sitio web -insistió- ya digo de antemano que no; bajo ningún concepto el Gobierno está en esa posición".

Y para rematar la postura de Zapatero , la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, aseveró que «siempre ha habido control judicial y siempre lo va a haber». En cambio, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, acusó al Gobierno de «tirar por la ventana la protección de las garantías y derechos civiles». Hasta el momento, la legislación española eatablece cuatro supuestos para cerrar una página web, todos ellos bajo la tutela judicial. El primero es para salvaguardar el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; el segundo; para la protección de la salud pública o los consumidores. El respeto a la dignidad de la persona y la no discriminación ocupa el tercer supuesto y el último es para la protección de la juventud y de la infancia.