El Gobierno se enreda en Internet

El Gobierno se ha enredado con Internet. La posibilidad de que se corte el servicio sin orden judicial a aquellas webs que fomenten la piratería ha creado un lío entre ministerios y Presidencia. En la sede de Cultura, Ángeles González-Sinde recibía a 14 periodistas, blogueros y gurús de la red para indicarles el desarrollo de los puntos relativos a las descargas ilegales y para reafirmarse en su postura: se podrá cerrar las páginas sin la intervención de un juez. Horas después, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, afirmaba en el Congreso de los Diputados que era necesario «el control judicial»; y para rematar, el presidente del Gobierno aseguraba que «no se va a cerrar ninguna web» y que está dispuesto a modificar el anteproyecto de ley.

Desde la tarde del miércoles, la red era un hervidero de opiniones contrarias a la iniciativa, centralizadas en el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'. Para intentar calmar las aguas, Cultura convocó a 14 miembros destacados de la comunidad cibernética española. Ante estos expertos, los responsables de Cultura (la ministra se marchó a la media hora) desgranaron los puntos fundamentales del proyecto. Aseguraron que los 'blogs' estarán protegidos y que no se cerraran. Tampoco se perseguirá a los usuarios individuales ni a las páginas de enlaces a contenidos ilegales, ya que quienes realizan la actividad ilegal son otros y no se cortará la red en las casas. Las medidas están orientadas a bloquear o eliminar las páginas que «estén violando los derechos de propiedad intelectual de terceros y lucrándose con ello mediante pagos directos de los usuarios», según señaló en su blog como resumen Álvaro Ibáñez, de Microsiervos.com.

El encuentro fue narrado en directo por los asistentes, que se metieron en Twitter para dar su opinión. «El Ministerio no muestra voluntad de cambiar el anteproyecto, todo lo más hablar del reglamento», comentaba Julio Alonso, consejero delegado de Weblogs. Según les explicaron los responsables del Ministerio, la Comisión de Propiedad Intelectual recibirá las denuncias, preguntará al acusado y luego decidirá si tramita la petición de cierre o bloqueo de la página. El cierre definitivo lo decidirá un juez y los bloqueos de webs o URL se tramitarán a través de los proveedores de acceso españoles.

Manifestación

A pesar de estas explicaciones, los profesionales de la red salieron muy insatisfechos del Ministerio. «Decepción», 'posteaba' desde su 'blackberry' Enrique Dans, experto en Internet del Instituto Empresa. Tanto es así que hoy se ha convocado una manifestación en las principales capitales españolas. En Valencia alas 20 horas en la plaza del Temple.

Rodríguez Zapatero se apresuró a parar el estruendo generado por la medida con una afirmación tajante: «No se va a cerrar nada en la red». El presidente del Gobierno puso un inusual interés en dejar clara su posición, sin atender a que sus palabras pudieran interpretarse como una reprimenda a las intenciones de su ministra de Cultura. «Si hay que aclarar algo se hará», garantizó en Moncloa.

Zapatero defendió que es preciso proteger la propiedad intelectual porque «si no sería imposible que hubiera gente creando y haciendo progresar el país», pero dejó claro que ese es un asunto aún «pendiente» en su agenda para el que no se ha hallado la fórmula adecuada. «Si se ha interpretado que será posible cerrar algún sitio web -insistió-, ya digo de antemano que no; bajo ningún concepto el Gobierno está en esa posición».

Y para rematar, la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, aseveró que «siempre ha habido control judicial y siempre lo va a haber». En cambio, el vicesecretario general de Comunicación del PP, González Pons, acusó al Gobierno de «tirar por la ventana la protección de las garantías y derechos civiles».