El 'dinero negro', cerca de los 260.000 millones

La crisis ha sacado lo peor que tiene la economía. No son las debilidades de un sistema productivo que Gobierno y oposición están de acuerdo en cambiar. Es ese submundo económico de actividades que no pasan ningún control ni contribuyen a la marcha del país. Se trata de la llamada economía sumergida, que mueve en España cada año, según cálculos de la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, unos 250.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, representa el 25% del Producto Interior Bruto (PIB). Claro que eso sería ahora, pues fuentes oficiosas de la Administración Tributaria apuntan que en 2010 llegará a los 260.000 millones, casi el 26% del PIB.

Nadie parece encontrar una solución a lo que es un grave problema para todos los países. El ojo del Estado no puede llegar a todas partes y por eso se escapan del control un sin número de actividades que mueven millones y millones de euros. Desde los trabajadores sin contrato, los autónomos que trabajan sin factura -fontaneros, carpinteros, electricistas.- los que enmascaran sus ingresos ante Hacienda, o esconden cantidades ingentes de dinero de dudosa procedencia en 'paraísos' fiscales o hasta la misma prostitución, los talleres clandestinos, el comercio ambulante, la venta de sustancias ilegales, los sobornos e incluso terrorismo. No hay actividad libre de ello.

Mientras en la Unión Europea se busca un método fiable que pueda aplicarse a todos sus Estados, lo primero en que parece haber consenso en todo el mundo es en que la economía sumergida es el sistema de intercambio de bienes que permanece ajeno al control del Estado. Ante la imposibilidad de cuantificarla, no forma parte del PIB de un país, porque si así fuera España sería un 25% más rica. ¿Sería entonces igual la crisis?

La crisis la fomenta

Con casi el 19% de la población activa en paro, mucha gente se pregunta cómo es que no ha habido una 'revuelta social' si hay más de un millón de desempleados que no perciben ayuda pública alguna. La única respuesta posible es que gran número de ellos están engrosando la economía sumergida, sin derechos ni respeto a condición laboral alguna, mientras los trabajos legales desaparecen en oleadas. Actividades y sueldos que se escapan de las necesidades de las arcas del Estado y de la cada vez más ahogada Seguridad Social.

Algunos, como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se atreven a cuantificar este problema y su presidente, Lorenzo Amor, afirma que el número de trabajadores "en negro" se ha triplicado en los últimos cinco años, aunque es desde que estalló la crisis cuando el crecimiento se ha disparado. Antes de ella afectaba, sobre todo, a los trabajadores inmigrantes que llegaban a España, amparándose muchos empresarios en su situación de 'ilegales'. La recesión ha reducido las diferencias entre nacionalidades y en estos momentos, concreta Amor, hay en España un millón y medio de trabajadores "fantasmas" que ni tributan a Hacienda ni cotizan a la Seguridad Social. Una competencia demasiado desleal para los trabajadores autónomos ahogados por la recesión.

Los políticos parecen haber arrojado la toalla desde el mismo momento en que fueron conscientes del problema. Los planes de control del fraude puestos en marcha por la Agencia Tributaria no son capaces de hacer emerger más que la "propina". Unos 27.000 millones el último año pero, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), cada ejercicio la economía sumergida logra ocultar más de 25.000 millones de euros.

No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, aseveró en las últimas fechas que la lucha contra el fraude este año va a producir "importantes ingresos a la Hacienda Pública", al menos, un 30% superiores a los que se produjeron en 2008.

Uno de cada cinco

Pero el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, lamenta que después de 17 años la Agencia Tributaria no ha sido capaz de hacer un estudio serio sobre el problema, mientras España se sitúa en el segundo o tercer lugar -depende del método- de la Europa avanzada de los Quince con mayor fraude fiscal, por detrás de Grecia y pugnando con Italia por el segundo puesto. El Banco Mundial ya advertía antes de la crisis que 1 de cada 5 euros iban a la economía sumergida en España, y eso que en 2007 suponía el 22,6% del PIB. La crisis ha hecho repuntar el problema. Las previsiones para 2010 del 25%-26% son "verosímiles", dice Mollinedo.

Por su parte, los inspectores de Hacienda consideran que las empresas son más defraudadoras que los trabajadores. También las investigaciones de GESTHA y del Tribunal de Cuentas llegan a esa conclusión, ya que es en el IVA y en el Impuesto de Sociedades donde más fraude se detecta. Y para hacerlo aflorar solo hay 2.000 técnicos y 750 inspectores. De su trabajo diario se desprende que pese a que las pequeñas y medianas (pymes) son las que más defraudan, son las más grandes las que cometen los fraudes de mayor sofisticación y cantidad.

Mollinedo considera que con aplicar las mismas políticas de lucha contra el fraude que se realizan en Francia, Reino Unido, Alemania o Austria se podrían recuperar alrededor de 38.000 millones de euros cada año: 25.000 millones vía impuestos y 13.000 millones de la Seguridad Social. El problema, recalca, es que en España Hacienda es la que fija los objetivos para incrementar ingresos, mientras que en la mayoría de los países de la UE son los Parlamentos los que establecen las políticas de inspección y control, con la prioridad de reducir el fraude y no de incrementar los ingresos.

Una lanza a favor

Evidentemente no se puede generalizar. Ni todos los trabajadores están en la economía sumergida ni todos los empresarios ocultan su actividad en el fraude. El empresario, afirma el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Juan José Mozos, "no tiene un valor reconocido y recibe un trato agraviante por parte de la Administración".

Él ve la economía sumergida como una "competencia desleal que va a cerrar muchas empresas", al tiempo que justifica que "muchos no es que no quieran pagar impuestos sino que por supervivencia no les queda otro remedio". También destaca la gran cantidad de empresas pequeñas y microempresas que han desaparecido, o han tenido que desprenderse de todos sus trabajadores para subsistir. El problema es que el Estado "va más a la prevención que al control", y "así se sacan leyes que siempre perjudican a la mayoría, no a los que defraudan".

Ante esta situación, De los Mozos concluye que el Estado se dedica a inspeccionar, "y al que pilla le da con toda la ley". Esto, según él, se traduce en una gran pérdida de tiempo «porque la realidad muestra que casi siempre se trata de errores que hay que corregir y, mientras, las empresas se dedican a gestionar para la Administración». Por ello, los asesores fiscales a los que representa se quejan de "ser gestores para la Administración de forma gratuita". Su conclusión es que "día a día se está yendo cada vez más gente a la economía sumergida y, ahora, ya es por mera supervivencia".

Se elija el método que se elija para medir la economía sumergida, con pequeñas diferencias todos parecen confluir. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la Unión Europea sitúan ya la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del PIB, diez puntos por encima de la media comunitaria y con una evolución bastante preocupante.

Un estudio del Ministerio de Economía y Hacienda reconoce que las dos grandes bolsas de fraude existentes eran las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades relacionadas con las profesiones liberales. Así, la evasión fiscal en el sector inmobiliario representaba 8.600 millones de euros anuales en España, sobre un total de 25.000 millones en 2007. En este mismo informe se destaca que el 95,8% de las compañías asentadas en España que facturaban entre 1,8 y 6 millones de euros (alrededor de 57.700 sociedades mercantiles) escapaban a los controles fiscales, al no tener obligación de ser auditadas.

Mientras, en Hacienda, el objetivo a corto plazo es reducir los 10 puntos que nos separan de la media europea en datos de economía sumergida. Pero eso sólo se conseguirá si se detectan 25.000 millones de euros vía impuestos y se afloran otros 90.000 millones.