La mitad de Ayuntamientos valencianos piden créditos para poder pagar la nómina

La delicada situación financiera que atraviesan los Ayuntamientos obliga a más de la mitad de todos los consistorios de la Comunitat a pedir créditos a los bancos y cajas de ahorros para obtener algo de liquidez muy a corto plazo y pagar las nóminas de fin de año, incluidas las pagas navideñas o las primas por productividad. La coyuntura es tan adversa para la Administración local, la primera que percibe el ciudadano, que el sector financiero ha cerrado el grifo también si no es a través de la fórmula del fraccionamiento del crédito, según alertó ayer a LAS PROVINCIAS la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa popular de Alzira, Elena Bastidas.

«No debo dar nombres, pero hay multitud de Ayuntamientos que se encuentran en situación de quiebra técnica», resalta Bastidas, que precisamente ayer presentó en su municipio un proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio que cae un 3,3% debido a la crisis económica y a los problemas derivados de la falta de apoyo a la financiación local tanto del Gobierno central como del autonómico, aunque Bastidas se centre más en criticar la interrupción de liquidez del Estado en los gastos corrientes municipales.

La FVMP asegura que la situación es límite. «Ni los bancos se fían ya de los Ayuntamientos, en general, porque si pides 4 millones de euros, por ejemplo, para obtener liquidez rápida te exigen que fracciones la póliza», indica Bastidas, que vaticina que esta práctica se va a recrudecer en los próximos meses. Cree que el diagnóstico no puede ser otro: los Ayuntamientos están, en su mayoría, en estado de quiebra técnica y aligerando sus plantillas por la vía de la no renovación de contratos interinos, por la de no prolongar la jubilación hasta los 70 años y por la del expediente de regulación de empleo (ERE) para el caso de los empleados públicos que son personal laboral fijo.

Los casos de Teulada y Callosa d'En Sarrià, que han presentado en los últimos meses sendos Ere, no van a ser la excepción. Para desgracia de muchos empleados públicos, Bastidas asegura que se prevé un aluvión de estos expedientes, tal y como ya advirtió el domingo en este mismo diario el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-PV, Juan Cruz.

Especialmente crítica se muestra Bastidas con respecto al Gobierno central: «No se ha cumplido el mandato de la Federación Española de Municipios y Provincias, del año 2008, en el que se instaba al Gobierno central a que diseñara de forma coordinada la nueva financiación autonómica y la local». Cree que la administración local «sigue siendo la gran perjudicada y todo se va a retrasar hasta el año 2011». Pide cambios legislativos urgentes, como asegura que se comprometió Zapatero en la asamblea de Vitoria, y subraya que hay una caída de ingresos municipales medios de un 18%, lo que supone para un ayuntamiento mediano unos 3 millones de euros al año.

«Son una cantidad muy importante para un Ayuntamiento, porque no podemos ni perfilar los presupuestos del 2010», añade Bastidas, que califica de «mero parche» el Plan E de Zapatero para incentivar las obras municipales.

Su principal crítica hacia unas obras que han permitido reactivar el empleo en la construcción va dirigida a la tributación del IVA. Asegura que los Ayuntamientos son entidades sin ánimo de lucro y que no pueden repercutirlo. En la Comunidad Valenciana se han invertido en el primer plan 865 millones de euros, de los que se han devuelto 119 en concepto del IVA, alrededor del 20%. Bastidas exige al Gobierno que reduzca del 16% al 7% el IVA a los Ayuntamientos. Cree que sería conveniente que se devuelva el impuesto cobrado en las obras del Plan E y que el próximo año se aplique sólo el 7%, en base a que el 60% de las operaciones municipales son servicios públicos que no deberían tributar por el IVA .

La quiebra técnica se deriva, en su opinión, de la reducción del 67% de los ingresos municipales por licencias de obras y del 18,2% en los fondos estatales para gastos corrientes. A ello se suma la mayor morosidad durante el período de cobro, lo que incluso obliga a modificar los calendarios de recaudación.

Para acabar de rematar la asfixia financiera, Bastidas cita dos hechos: la devolución en 2011 de las liquidaciones por entregas a cuenta del 2008 del Estado central y la reciente comunicación de la dirección general de Coordinación Financiera con las Comunidades y Entes Locales, según la cual se mantiene la deducción de 400 euros en el IRPF para algunas bases imponibles y por eso se ingresará el año próximo un 0,5% menos en IRPF.