El Gobierno ordena paralizar los derribos de El Cabanyal

El Ministerio de Cultura ha ordenado hoy la "suspensión inmediata" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal al entender que esta actuación del Ayuntamiento de Valencia constituye un "acto de expoliación del patrimonio histórico".

Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado, la ejecución del PEPRI queda paralizada hasta que este plan "no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos" de este barrio valenciano.

El Ayuntamiento de Valencia asegura que ha conocido la Orden a través de los medios de comunicación y ha anunciado que, cuando tenga notificación oficial de la misma, acometerá "las acciones legales pertinentes", según ha dicho el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau.

Según ha explicado el Ministerio, la orden está avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y otra del Supremo, que ratifican la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico contra el expolio.

La del supremo, dictada en mayo de 2009, impuso al Ministerio la "obligación" de pronunciarse sobre la posible existencia de expolio en esta actuación urbanística.

Coincide "igualmente" con el informe "negativo" sobre el PEPRI que en el año 2000 realizó la Inspección del Patrimonio Histórico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de la Conselleria de Cultura, añade el comunicado.

Esta decisión también está "avalada" por diferentes informes técnicos, entre los que destacan los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, por el Museo Nacional de Cerámica "González Martí" y por el propio Ministerio, tal como es preceptivo.

La Orden ministerial declara "la obligación de suspender inmediatamente la ejecución" del PEPRI y requiere a la Generalitat para que "suspenda todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan".

Es "definitiva en la vía administrativa", si bien, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento de Valencia ha defendido esta actuación urbana que, según ha subrayado, está avalada "por nueve sentencias judiciales, entre las que se incluyen dos del Tribunal Supremo".

"Las sentencias judiciales se han producido con la valoración positiva de los informes técnicos de patrimonio cultural, incluso en los dictámenes del Supremo se descartaba el expolio y se afirmaba que el PEPRI contribuirá a la regeneración de los barrios", ha afirmado.

Por el contrario, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, considera que se trata de una decisión "justa, histórica y esperanzadora".

A su juicio, la Orden del Ministerio de Cultura "da la razón a los vecinos" del barrio y se la quita al Consistorio, que ejecutó un plan que "que atenta contra la integridad de un conjunto histórico protegido".

Por su parte, la plataforma Salvem el Cabanyal, que desde hace once años reclama la paralización de esta actuación urbana, confía en que la Orden del Ministerio propicie una "rehabilitación" de esta zona sin "apisonadoras", que a su juicio sólo provocaba "degradación".