Los derribos para la prolongación de Blasco Ibáñez se retomarán en febrero

Los derribos en el Cabanyal se retomarán a partir de febrero, principalmente en las calles San Pedro y Luis Despuig, donde se ha previsto un bulevar perpendicular a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Así lo adelantaron ayer a LAS PROVINCIAS fuentes cercanas a la empresa Cabanyal 2010, encargada de acometer todas las obras.

El plan urbanístico está pendiente de la orden de paralización del Ministerio de Cultura, que emitió un dictamen el pasado día 4 donde calificaba la iniciativa de expolio patrimonial a la zona declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Esto fue replicado poco después por la Generalitat, que autorizó con un decreto ley la iniciativa municipal.

Antes, el 22 de diciembre, la comisión de Urbanismo autorizó media docena de derribos, en inmuebles ya propiedad de Cabanyal 2010. No obstante, las mismas fuentes precisaron que no se hará ninguna demolición al menos hasta la primera semana de febrero.

Será entonces cuando le llegue el turno a una decena de casas en la zona citada. La empresa pública, gestionada por el Ayuntamiento y la Generalitat, tiene también propiedades en otros sectores, aunque todo el esfuerzo se concentra desde hace meses fuera de la zona protegida, para evitar suspensiones jusdiciales. En la parte más cercana a la playa del Cabanyal y la Malvarrosa existe otras demoliciones pendientes, como ocurre en la calle Eugenia Viñes.

Todas las demoliciones ya concedidas se harán tras la compra de las viviendas. Una vez que finalizó esa fase, empezó la de expropiaciones con los vecinos que no han alcanzado un acuerdo con Cabanyal 2010. El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer una relación de residentes, algo más de una veintena, que recibirán las llamadas actas de ocupación. A partir también de febrero, comenzarán los desalojos en todos los inmuebles.

La Generalitat es la encargada de este trámite, indicaron las mismas fuentes, debido una decisión tomada en 2007 sobre la gestión de las unidades 5.01 y 5.02. La idea es que sea el Ayuntamiento quien expropie el resto de los edificios afectados por el plan. En total, el proyecto habla de 1.603 viviendas que se demolerán en todo el ámbito.

Algunas zonas del plan urbanístico quedan por completo fuera de la prolongación. En la esquina de Blasco Ibáñez con Serrería, en los terrenos de un antiguo almacén de plásticos, se construirán 108 viviendas de promoción pública para realojos, de una superficie de entre 70 y 90 metros cuadrados.

Todos los inmuebles han sido ya demolidos, excepto una pequeña nave que recae a la calle Beniopa. La empresa Cabanyal 2010 no ha conseguido la compra directa de esta propiedad, por lo que se ha optado por un expediente de expropiación, un proceso más lento.

La dificultad también es técnica. En la calle San Pedro hay pequeñas propiedades que no se pueden derribar si no se acomete todo el bloque a la vez. «El número 31 ya está completo, aunque no ocurre lo mismo con el 27 y el 29».

La alcaldesa Barberá insistió ayer en que el Gobierno utiliza la «fuerza administrativa» para paralizar las actuaciones del plan del Cabanyal, que son «de plena y exclusiva competencia» de la Generalitat y el Ayuntamiento, para reiterar que van a continuar con el plan.

«Por directriz de la cúpula del Gobierno (en referencia a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega), se le ha hecho firmar un papel a la ministra de Cultura, que no conoce nada de Valencia ni del Cabanyal, para utilizar la fuerza administrativa e intentar parar actuaciones de nuestra plena y exclusiva competencia». Barberá recordó que el decreto ley autonómico es superior en la jerarquía normativa a la orden ministerial.

Debate en Les Corts

De manera paralela a la gestión de Cabanyal 2010, el grupo popular tramita en Les Corts el decreto ley. La Diputación Permanente debatirá hoy en la Sala Vinatea el documento, defendido por el vicepresidente Juan Cotino, mientras que los demás grupos harán la réplica.

La intención del grupo popular, expresada por su portavoz, Rafael Blasco, es que la iniciativa se tramite como ley, por lo que después de las previsibles enmiendas y los plazos legales de publicación, la idea es que en la primera quincena de marzo sea aprobado como ley.

Blasco insistió ayer que el Gobierno socialista «sufre miopía política al ir en contra de un proyecto de mejora en el Cabanyal».

Añadió durante una entrevista radiofónica que los socialistas «se oponen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de ese barrio y siguen una estrategia que va a suponer un error catastrófico que les llevará a un mayor aislamiento electoral».

La idea de demorar los derribos hasta el mes de febrero tiene su riesgo, debido a que el Consejo de Ministros puede aprobar mañana mismo un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Consell. Esto supondría la paralización inmediata de las obras durante al menos cinco meses, según establece la propia Constitución.

Es más, la orden del Ministerio de Cultura sobrepasa ampliamente el ámbito de la zona protegida, para señalar que se frenen todas las actuaciones. Esto supondría la imposibilidad de sacar adelante equipamientos públicos que dejó pendientes el Plan General, al menos hasta que se aprobase otro planeamiento, lo que va en contra del programa electoral del PP.

El ámbito previsto desde 1999 tiene una superficie de 678.121 metros cuadrados, de los que la zona protegida afectada por la prolongación es de solo 15.100 metros cuadrados. Las viviendas demolidas por la prolongación serán 477 de la cifra total de 1.603 en todo el plan, que requirió de solares a ambos lados de la futura avenida. La inversión tota se estima en 300 millones de euros.