El recurso de Zapatero aboca el plan del Cabanyal a un parón de al menos 3 años

Tensa espera es la frase hecha que podría utilizarse para definir la jornada de ayer en el Ayuntamiento y la Generalitat, pendientes del recurso que puede aprobar hoy el Consejo de Ministros contra el decreto del Consell que avala la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar y que amenaza con paralizar todas las obras al menos durante tres años. La decisión necesita la firma del propio presidente Zapatero, requisito que establece la legislación para estos casos, en lo que sería considerado como una confrontación directa y casi personal entre el líder socialista y los responsables políticos de la Comunitat.

El recurso de inconstitucionalidad es la opción principal del Gobierno desde el día 7, cuando el Consell se reunió expresamente para modificar la declaración de Bien de Interés Cultural del Cabanyal e incluir la prolongación de la avenida como uno de los beneficios principales del plan urbanístico. Fuentes del Ministerio de Cultura comentaron ayer que no tienen «constancia» de que el Consejo dé luz verde hoy al documento. Este Ministerio fue el que aprobó una resolución el día 4 en contra de la prolongación, al considerar que supone un expolio para el valor patrimonial del Cabanyal.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que sólo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, además de la iniciativa conjunta de medio centenar de diputados o el mismo número de senadores, pueden presentar estos recursos.

Es decir, que sería el propio Zapatero el que personalice con su rúbrica la oposición del Ejecutivo socialista al plan del Cabanyal, que ha recibido por otra parte el respaldo mayoritario de los vecinos en las urnas en cuatro elecciones municipales consecutivas.

Mientras el Ministerio de Cultura no tiene claro el calendario y si habrá recurso, la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, aseguró ayer en Les Corts que se hará con la «rapidez y eficacia que caracteriza al Gobierno, en cuanto los trámites que exige la legislación se puedan cumplir». Con esto, la concejala fue más allá de lo dicho incluso por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien consideró el viernes pasado que el recurso era sólo una posibilidad «en estudio».

¿Qué ha pasado desde entonces? Entre otras cosas la decisión de la plataforma vecinal contraria a las obras de denunciar el decreto ley del Consell en el Ministerio, en una asamblea este jueves. Con esto, el Ejecutivo socialista gana argumentos según su criterio para responder al desafío de la Generalitat.

Los plazos están fijados por la legislación y hablan de un máximo de tres meses a partir de la publicación de la ley. En todo caso, el Ayuntamiento está ya preparado para esa contingencia, afirmaron fuentes municipales. El peor escenario que contemplan es que el Tribunal Constitucional admita el recurso del Gobierno y acepte la paralización cautelar. «Podríamos irnos al menos a tres años sin poder hacer nada», afirmaron.

También hay otras posibilidades más optimistas y favorables para las intenciones del Consistorio. Se trata de presentar un recurso a su vez que pida levantar dicha suspensión y seguir así con la ejecución del proyecto hasta que se produzca una sentencia firme.

Casos hay donde el alto tribunal ha tomado esta opción, aunque no en materia de conservación del patrimonio histórico. La Generalitat presentó un recurso de este tipo cuando el Ejecutivo cargó contra la Ley de Régimen Matrimonial. «Lo pidieron y fue concedido».

Otro conflicto reciente es el del Estatuto de Autonomía catalán. «¿Alguien duda que se aplica en Caaluña mientras se demora la sentencia?». El servicio jurídico municipal ultima estos argumentos y muchos otros para la peor situación.

La espera podría prolongarse durante varios meses. Como publicó LAS PROVINCIAS, la empresa Cabanyal 2010 no ha previsto reiniciar los derribos hasta el próximo mes. En las calles San Pedro y Luis Despuig tiene licencias concedidas para la demolición de media docena de inmuebles.

El Constitucional también tiene potestad para paralizar durante cinco meses cualquier iniciativa en el plan del Cabanyal, a partir de que el Ejecutivo presente su recurso. Aún así, el Consistorio considera que está «cubierto por el decreto ley que ayer empezó a tomar forma de ley en Les Corts.

La ejecución del plan costará 300 millones de euros y algunos de sus parámetros principales son la construcción de 1.300 viviendas, la citada apertura de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar y una docena larga de equipamientos públicos como colegios, jardines y polideportivos que dejó sin definir el Plan General aprobado en 1988.

Cualquier posibilidad de consenso se ha esfumado cada vez más desde que el Ministerio de Cultura hiciera pública su resolución. Alborch insistió en que la «justicia y la razón avalan que no se haga la prolongación de Blasco Ibáñez por el Cabanyal».

La resolución ha dado oxígeno puro a unas protestas vecinales que habían decaído en los últimos meses. La empresa Cabanyal 2010 ya es propietaria de la cuarta parte de las viviendas que necesita derribar para la ejecución completa de todo el plan urbanístico, mucho más ambicioso que la prolongación.