«Creen que se puede negociar todo, incluso con asesinos etarras»

El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, aseguró ayer que van a seguir adelante con el plan del Cabanyal «aunque tenga que llevar a los tribunales todas las licencias de derribo» y añadió que el Ayuntamiento se niega a negociar con el PSPV «porque han tenido tiempo suficiente en estos años y ahora no es el momento». «No hay nada que negociar, nos asiste el derecho, la razón y los vecinos, las cosas correctas no se negocian y los que quieren negociar esto son los mismos que creen que se puede negociar todo, incluso la liberación de asesinos de ETA».

En referencia a la suspensión cautelarísima del derribo de seis viviendas ordenada por el juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo -tras el recurso presentado esta semana por el PSPV- Grau aseguró que los socialistas «no sólo mienten a los ciudadanos, sino que se atreven a mentir hasta al juez».

Según el primer teniente de alcalde, en el recurso «los socialistas dicen que estas seis casas están incluídas en el conjunto histórico protegido del Cabanyal-Canyamelar, que tiene la calificación de Bien de Relevancia Local (BRL), algo que no es cierto». Insistió en que las viviendas afectadas que se iban a derribar en las calles San Pedro y Luis Despuig «jamás han sido BIC, ni BRL, ni cuando ellos gobernaron, ni después». A pesar de ello, señaló que el Ayuntamento acatará lo que dice la Justicia y recordó que en la mayoría de las ocasiones que han llevado los derribo a los tribunales «el juez ha decidido lo que era de derecho y, en la mayoría de los casos no afectados por la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), se ha levantado el bloqueo».

Será mañana, a las 10 horas, cuando el juez escuche a las partes y decida si mantiene la suspensión. Grau aseveró que en esta comparecencia detallarán que el PSPV miente. También aseguró que con la judicialización del Cabanyal, el PSOE está demostrando «que le importa un bledo el BIC el Cabanyal y que sólo defiende intereses mezquinos -de propietarios de San Pedro- que no responden al bien general».

El concejal añadió que los socialistas «no saben cuáles son las calles que están protegidas porque el tema les importa poco» y apuntó que lo único que pretenden «es desgastar y ganar tiempo para ver si perdermos votos. Ese es el amor que tienen por el Cabanyal». Insistió en que lo que están haciendo es «entorpecer el progreso de los vecinos, que no entienden por qué se paraliza la prolongación».

Frenar el progreso

Grau también hizo referencia a la portavoz socialista, Carmen Alborch, y a su defensa a ultranza de la orden ministerial y añadió que dicha orden se excede «siete pueblos» e incluso lanzó la pregunta de «¿cuándo se ha visto que tenga más rango una orden ministerial a una ley valenciana?».

Sobre la intromisión del Gobierno en el Cabanyal, respondió a Alborch que sí que está atacando a las instituciones valencianas porque, «acaso, ¿cuándo se ha visto que una ministra, una vicepresidenta e incluso Zapatero se hubieran atrevido a dictaminar así en Catalunya, País Vasco o Andalucía?». Apuntó que hay muchas personas que se sienten protegidas por el Gobierno municipal y la Generalitat y defraudadas con el Gobierno de España, que aprovecha las presiones de una minoría radical utilizando «recovecos legales» que entorpecen el plan.

Grau dijo que no darán marcha atrás «porque nos asiste la razón, el derecho y el apoyo y voto de la gente y estos son tres pilares de la democracia». De hecho, la alcaldesa ya anunció que a partir del 1 de febrero seguirán los derribos. Grau indicó que las casas recurridas «no se iban a derribar ni hoy, ni mañana, sino cuando se tramiten las actas de ocupación. No hacía falta la medida cautelarísima». Cabe destacar que la Dirección General de la Vivienda ya ha levantado actas de pago para 25 propietarios a los que ha citado entre el 1 y el 5 de febrero.

La asociación de vecinos del Cabanyal criticó que para el PP «nunca ha existido el momento de negociar» y añadió que comparar la conveniencia de negociación con los vecinos y el resto de fuerzas políticas «con la negociación de ETA, resulta clarificadora de sus criterios de gestión de la participación ciudadana».