Documentos de Vinaròs alejan de Cataluña los 'papeles de Salamanca'

Al debate sobre si los denominados 'papeles de Salamanca' de la Guerra Civil confiscados en municipos de Cataluña deben volver a esa autonomía se le ha añadido un argumento de peso que podría derivar a la provincia de Castellón parte de los documentos. Tanto es así que el Ministerio de Cultura discute ahora que se tengan que devolver a Cataluña archivos datados en Vinaròs, donde su ubicada el archivo donde se depositó la documentación proveniente de las comarcas del sur de Tarragona y norte de Castellón, o que vuelvan al Maestrat.

Las posiciones de los colectivos catalanes está clara: la Comissió de la Dignitat (CdD) exigió ayer el retorno «inmediato» de los documentos. Su portavoz mostró su preocupación por la «tardanza» que a su entender se está produciendo de la devolución de los documentos, más aún, a raiz del debate generado por los papeles datados en la capital del Maestrat.

La polémica generada ahora sobre si los documentos datados en Vinaròs deben regresar a Cataluña o a Vinaròs se produce poco más de un año después de que los archivos militares de la delegación de Defensa de Castellón, que incluían más de 13.000 expedientes de juicios sumarísimos y documentación de la Guerra Civil de la provincia, fuesen trasladados a la capital de España.

La movilización ciudadana y reivindicaciones sociales e institucionales de la sociedad en todos estos meses parecen no haber dado ningún resultado ante el Ministerio de Defensa que, tras digitalizar los documentos, no ha fijado fecha para su retorno.

Cabe recordar que el director general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Santos Castro, anunció hace casi doce meses que los documentos judiciales-militares de Castellón serían los primeros en digitalizarse de toda España como consecuencia de su buen estado de conservación. El proceso debía haberse iniciado en mayo del año pasado y estaba previsto que se finalizase en un plazo estimado de cinco meses.

Este anuncio se realizó tras la reunión que mantuvo el representante del Ministerio de Defensa con el rector de la UJI, Francisco Toledo; el juez Togado Militar de Valencia, José Oliver; el secretario de la Comissió de la Veritat, Eliseu Climent; la vicerrectora de Cultura de la UJI, Margarita Porcar; el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo; y Muigel Ángel Mulet, en representación del Ayuntamiento y de la Diputación de Castellón con el objetivo de lograr una devolución que aún no se ha producido.