Cotino declara dos millones en bienes, Camps 67.000 euros y Barberá un coche de 21 años de antigüedad

La declaración de bienes de los 99 diputados de Les Corts Valencianes ya están colgadas en la web del Parlamento valenciano. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declara el valor catastral de su piso a medias con su mujer por un valor de 110.338 euros. Sus bienes no inmobiliarios ascienden a 12.105 euros, incluido un Saab valorado en 1.500 euros.

Destaca especialmente la declaración de Juan Cotino, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Urbanismo, Agua y Vivienda, quien acumula un patrimonio de unos dos millones de euros. Concretamente, figura en su ficha 7.735 euros en bienes inmuebles por una vivienda heredada en Xirivella y 1.899.573 euros en bienes de naturaleza no inmueble, entre acciones, empresas y cuentas corrientes. Además, cuenta con dos planes de pensiones.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuenta en su haber patrimonial con una vivienda compartida, por valor de 110.000 euros, por lo que declara 55.000 euros, y 12.105 euros en otros bienes (un vehículo un vehículo Saab 900 del año 1995 por valor aproximado de 1.500 euros, una cuenta corriente de 900 euros y otra compartida de 1.390, así como un plan de pensiones).

Curiosa es la declaración de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con un patrimonio que asciende a 295.000 euros, y quien declara tener un vehículo Lancia Delta, del que 'se desconoce el valor y que tiene más de 21 años', dos planes de pensiones, así como títulos de valores de Banco de Valencia, banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberia, ACS, Española del Zinc. También tiene un préstamo personal de 12.000 euros. No declara nada en bienes inmuebles.

El portavoz popular, Rafael Blasco, declara 176.808 euros así como 140.249 en propiedades no inmuebles

El número dos del PP, Antonio Clemente, ha registrado 94.603 en valores catastrales; 96.523 euros en bienes no inmuebles y 220.856 en préstamos. El vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, es uno de los que más propiedades declara, casi una veintena, con un valor de 434.732 euros.

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, tiene un abundante patrimonio inmobiliario, con siete viviendas heredadas en Castellón, más otra en Valencia, cuyo valor catastral asciende a 904.800 euros. Otros 28.000 euros figuran en otros bienes, como un coche, cuentas corrientes y plan de pensiones.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, registra trse casas valoradas catastralmente en 55.600 euros y 61,1590 euros en dos coches y otros.

En cuanto al patrimonio del conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, asciende a 279.000 euros en valor catastral referente a tres viviendas en Castellón, una en Valencia y una en Gerona, y cerca de 11.000 euros por un coche Volvo, una moto y en dos cuentas corrientes.

La diputada del PP Gema Amor declara 13.000 euros en una vivienda y 131.000 en otros bienes, mientras que César Augusto Asencio cuenta con 73.000 euros de valor registral por una vivienda en bienes gananciales y 100.000 euros en patrimonio no inmobiliario.

Ricardo Costa ha declarado 241.000 euros en bienes inmuebles y 171.000 euros en otros bienes.

El portavoz del PSPV en les Corts, Ángel Luna, declara un valor catastral de 106.168 euros por seis inmuebles, así como 353.000 euros en cuentas corrientes y de valores, un plan de pensiones, un plan de ahorro, un coche, una moto.

La presidenta de Les Corts, María Milagrosa Martínez, registra en su ficha cinco viviendas heredadas por un valor catastral de cerca de 149.000 euros, y 41.200 euros en un Renault Megane, dos cuentas corrientes y un plan de pensiones.

La consellera de Cultura, Trinidad Miró, cuenta con tres viviendas por valor registral de 230.740 euros y 118.000 euros en dos coches y otros.

Fue a finales de diciembre, justo antes de las vacaciones de Navidad, cuando el pleno de Les Corts debatió la propuesta del grupo popular de modificar el reglamento parlamentario para hacer posible la publicación de los bienes de los diputados. Siete años de iniciativas de los grupos de la oposición, sucesivamente rechazadas por la mayoría absoluta del PP, desembocaron en una moción que, aunque todos respaldaron, seguía generando dudas en los grupos minoritarios.