Ripoll y los otros diez detenidos en Alicante declararán ante el juez

José Joaquín Ripoll no pudo saborear más de 24 horas el éxito de posar ante las cámaras junto al pívot de los Lakers Pau Gasol, imagen promocional de la Costa Blanca. Todavía henchido de orgullo, tras haber lucido por unos instantes el anillo del campeón español de la NBA, que realizó en Alicante su primera aparición pública a su regreso de los Estados Unidos, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer al presidente de la DiputaciónProvincial y también del Partido Popular alicantino por presunta corrupción.

El arresto se produjo en medio de un amplio despligue policial, lanzado desde Madrid a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y que sacó a la calle a 80 agentes. Sólo 12 horas después de la detención, Ripoll quedó sorprendentemente en libertad tras prestar declaración en la comisaría de Alicante por un tiempo no superior a los 10 minutos, según sus abogados, Bernardo del Rosal y Fernado Candela.

La liberación fue «sin cargos», según un comunicado de la propia Diputación, si bien la Policía Nacional mantiene la denuncia contra el alto responsable del PP por presuntas irregularidades en la adjudicación de un plan de gestión de residuos para los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja. Anoche, el Ministerio del Interior, a través de una nota de prensa, explicó que en los próximos días Ripoll y el resto de los detenidos deberán comparecer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela, competente en el caso.

La autoridad judicial deberá decidir entonces si formula imputaciones contra Ripoll y los demás involucrados, incluidos varios empresarios. La investigación de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, a través de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y con el apoyo de la Policía Judicial alicantina, se remonta tres años atras. Supuestamente, ha puesto al descubierto un entramado de cobro de comisiones.

En el origen de las pesquisas aparece la adjudicación a una empresa, de la que forma parte el constructor y máximo accionista del Hércules Enrique Ortiz, de un plan zonal de tratamiento de desechos para la Vega Baga. El proyecto, que incluso ha propiciado que se enfrenten el Ayuntamiento de Murcia, ya que se siente perjudicado por los efectos medioambientales en su territorio, y la Corporación provincial alicantina, supone un negocio que se valora en un mínimo de 250 millones de euros distribuidos en los veinte años de la concesión.

La denominada Operación Brugal fue lanzada ayer, a primeras horas de la mañana, por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela, que mantiene el secreto sumarial. Movilizó a casi un centenar de agentes y a una veintena de vehículos policiales, parte de ellos camuflados.

Y lo hizo en escenarios tan dispares como el Ayuntamiento oriolano, el palacio de la Diputación Provincial, el domicilio de Ripoll y las oficinas y la vivienda de Ortiz, entre otros. Al máximo accionista del Hércules se le hizo venir desde Pamplona, donde había acudido de vacaciones para disfrutar de las fiestas de San Fermín.

Al cierre de esta edición, la lista de detenidos la integraban, además de Ripoll, tres concejales del PP, el mencionado Ortiz, el empresario oriolano Ángel Fenoll y un hijo de éste, además de otros cuatro involucrados. Los ediles oriolanos arrestados son Manuel Abadía (Infraestructuras, Barrios, Aseo Urbano y Comercio), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Calidad Ambiental y Transporte).

Todos los políticos quedaron ayer, a última hora de la tarde, en libertad a medida que concluyeron sus declaraciones en la Comisaría Provincial de Alicante. Al cierre de esta edición no se conocía la situación en la que quedaban Fenoll, su hijo y el resto de los arrestados, aunque todo apuntaba a que también podrían dormir en sus casas. Ortiz seguía presente en el registro de sus oficinas en Alicante.

La Policía Nacional procedió a las detenciones en Orihuela, Alicante y Valencia, a las que relaciona con los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, según el caso. Los funcionarios practicaron 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en los organismos oficiales ya citados. En ellos, según fuentes policiales, se intervino «numerosa documentación de interés para las pesquisas, dinero en efectivo y soportes informáticos». Añadieron que las actuaciones continúan abiertas.

Ripoll abandonó la Comisaría Provincial de Alicante minutos después de las ocho de la tarde, a bordo de un vehículo que le condujo hasta su domicilio. Las indagaciones tratan de aclarar el origen de un supuesto aumento del patrimonio de José Joaquín Ripoll. El registro de su domicilio, en la zona alicantina de Vistahermosa, se prolongó durante cuatro horas, en presencia del presidente de la Diputación y de su esposa. Los policías se incautaron, entre otras cosas, de una cantidad de dinero en metálico. Mientras unas fuentes sitúan esta suma en unos 60.000 euros, desde el entorno de Ripoll se desmintió con rotundidad este dato. «No había más de 2.500 euros», recalcaron estas fuentes.

El denominado Plan de Residuos Zona XVII fue adjudicado el pasado 3 de enero de 2008 a la empresa Cespa Ortiz. El empresario oriolano Ángel Fenoll, detenido ayer, también aspiraba a esa contrata e incluso compró terrenos en una finca donde, al parecer, inicialmente se iba a ubicar la planta de tratamiento prevista, con capacidad para unas 300.000 toneladas de basuras. Al final, los terrenos escogidos fueron en una parcela conocida como Las Pistolas.

LaPolicía Nacional mantenía pinchados los teléfonos de los implicados desde hacía meses. Las grabaciones, según las fuentes consultadas, aportan buena parte del peso de las acusaciones. Pese a todo, Ripoll, el cargo político más importante entre los involucrados en la operación desarrollada durante la jornada de ayer, declaró, a través de sus abogados y de gente de su entorno, que en todo momento se mostró «tranquilo» y dispuesto a «colaborar» en todo lo que le fuese requerido.

La primera fase de la Operación Brugal se remonta a mediados de 2007, cuando ya fue detenido el empresario Ángel Fenoll y su hijo, así como un concejal de Albatera, también del Partido Popular, por su presunta relación con un caso de cohecho, extorsión, amenazas y tráfico de influencias. Presuntamente, grabó a políticos en encuentros con él en los que éstos salían muy mal parados en lo que se refiere a su honorabilidad.