Un juez obliga al Ayuntamiento de Mislata a pagar más de cuatro millones de euros a FCC

La juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) contra la desestimación presunta por el Ayuntamiento de Mislata de la reclamación de deuda por servicios prestados y no pagados y de la reclamación de revisión de precios correspondiente a los años 1995 a 2005, en el contrato de concesión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos, limpieza viaria y limpieza de alcantarillado de 1989.

Según consta en la sentencia, el importe asciende a 3.173.754 en concepto de revisión, más 880.042 euros por trabajos realizados, más 60.713 euros en concepto de intereses, ampliando el contrato de fecha 31 de enero de 2008.

La juez entiende que este acto se anula por ser contrario a derecho y reconoce como situación jurídica individualizada el derecho de FCC a percibir del Ayuntamiento de Mislata 3.176.978 euro, más 856.799 euros en concepto de intereses fijados hasta el 10 de marzo de 2009, más los intereses que se devenguen.

Al respecto, el PSOE de Mislata ha criticado que la "mala gestión" del alcalde del municipio, Manuel Corredera, obligará al Ayuntamiento a pagar "un mínimo de 4.712.652,51 euros" a la empresa FCC S.A.

Los socialistas de Mislata han criticado al PP por "echar la culpa al resto, menos asumir su irresponsabilidad" y han lamentado "las mentiras permanentes". Asimismo, han recordado que la juez del Juzgado Contencioso administrativo número 1 de Valencia , en la sentencia 8/10 del 11 de Enero de 2010 "ya acusó al Gobierno del PP de Corredera de desidia de la administración local en la revisión de los precios y ante la falta de pago".

Ante el anuncio del teniente de alcalde, Vicente García, de prorrogar el pago a FCC durante más de 15 años los socialistas han lamentado que "lo único que hacen es prorrogar las deudas, no pagar y aumentar considerablemente la deuda y la pelota económica, que terminará explotando si no ponen urgentemente remedio".

Además, el PSPV calcula que los intereses que se generarán durante los próximos 15 años por esta decisión "serán de más de un millón de euros adicionales, algo inasumible por parte de este grupo político",