Los ayuntamientos bajo la sombra del ERE

Las administraciones están en la mayoría de los casos sobredimensionadas y la crisis ha hecho que nos replanteemos cómo debe ser un Consistorio». Habla el alcalde de Alboraya, el popular Manuel Álvaro, el primero que ha tenido la valentía de presentar un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 40 trabajadores. En realidad, la decisión ha llegado tras ser sorprendido por una brutal caída de ingresos y acumular una preocupante deuda. «Nunca hubiera imaginado que se paralizarían viviendas en la playa de la Patacona», admite Álvaro.

En la actualidad, un millar de apartamentos están a medio construir sólo en la zona de costa de Alboraya. Aquellos ayuntamientos que han basado sus ingresos en las expectativas inmobiliarias y en el crecimiento residencial son los que peor lo están pasando. Por ejemplo, en Paterna los ingresos por licencias urbanísticas y el impuesto de construcciones y obras han caído en 2008 y 2009 hasta un tercio de lo que se ingresaba en los años dorados de la construcción, desde 2004 a 2007. De 6,2 a 1,9 millones de euros. Y en 2010, sin datos todavía en la mano, la caída se ha acentuado, según fuentes municipales.

Y claro, después de haber recortado en fiestas, fallas, protocolo, publicidad, cultura, horas extra e incluso en papel o en cartuchos de tinta para la fotocopiadora, los alcaldes admiten que no es suficiente y hay que seguir ajustándose para poder llegar a fin de año con los gastos igualados a los ingresos. Según los últimos datos de que dispone la Sindicatura de Cuentas, a 31 de diciembre de 2008 una decena de Ayuntamientos cerraron con un remanente negativo de más de cinco millones de euros. Es decir, los gastos fueron mucho mayores a los ingresos. Y, de momento, más de un centenar de localidades siguen sin entregar los datos de 2009.

Mucho peores se auguran las cifras de 2010. El mes de diciembre ha sido, para la mayoría de los ayuntamientos, agónico. Por ejemplo, Catarroja tuvo que aplazar pagos, como la Seguridad Social, a enero, o negociar con bancos una especie de préstamos a corto plazo para acabar el año con la menor deuda posible. En Aldaia reconocen que, «como el resto de consistorios, aprobamos operaciones de crédito a unos meses para poder pagar los gastos», porque además, el Gobierno ya no permite endeudarse a largo plazo.

Paco Caballero, secretario del sector de la Administración local de la Federación de Servicios Públicos de UGT, avisa: «Hay dos Ayuntamientos que están esperando ver si el Expediente de Regulación de Empleo de Alboraya se aprueba para presentarlo ante Trabajo. Son Xàtiva y Villarreal». El municipio horchatero está pendiente de que la Conselleria de Economía apruebe el ERE presentado para despedir a los 40 trabajadores, que se sumarán a los que ya se han ido al cerrar o dejar en la mínima expresión empresas públicas. Al parecer, la dirección general ha pedido más documentos al Ayuntamiento antes de aprobar o rechazar un ERE que los sindicatos rehúsan. Pero es que si de media en los consistorios de España se dedica un 31% a gastos de personal, en Alboraya implica un 43,70% del presupuesto, 12 puntos porcentuales mas que la media nacional.

No son los únicos alcaldes, sin embargo, a los que un ERE ronda por la cabeza. Nadie lo reconoce en público. Algunos, en privado, sí, con el compromiso de que no salga el nombre del municipio por escrito. «Las elecciones van a ser un punto de inflexión. Habrá muchos ERE después del 22 de mayo. No soy yo quien tiene que decirle a nadie qué debe hacer en su municipio, pero lo que está claro es que no se pueden sostener estas administraciones», dice el alcalde de Alboraya.

En otras localidades importantes, como Torrent y Paterna, sus alcaldes sí hablan de que en la Administración local no cabe nadie más. «Los vecinos que están desempleados quieren hablar con nosotros, están desesperados y necesitan un trabajo. Pero tenemos ya demasiada gente», dice María José Català. Lorenzo Agustí, su homólogo en Paterna, avisa: «Habrá más despidos si la crisis económica no se mitiga este año». Paterna es una de las localidades, de tantas, que aunque no se ha sometido a un ERE masivo, sí ha tomado la decisión de firmar la carta de despido a algunos trabajadores.

En el plan aprobado para 2010 y 2011 en este municipio se han amortizado siete plazas, cinco por jubilaciones y dos interinos de la policía. Además, nueve plazas pendientes de concurso se eliminan, mientras que otros 11 trabajadores que cubrían puestos subvencionados por el Servef y otras administraciones no se han renovado.

En Torrent se han amortizado unas 50 plazas de funcionarios en tres años, la mayoría por jubilaciones o porque simplemente estaban vacantes, aunque sí es cierto que este municipio ha sido uno de los últimos en convocar oposiciones.

El sindicato CSI.F enumera algunos de los municipios donde ya ha habido despidos y continuarán este año, como Oliva. En Sagunto, por ejemplo, 10 policías que estaban en comisión de servicios han tenido que volver a los municipios donde tenían su plaza, y entre este mes y el que viene se irán otros cuatro. «El Ayuntamiento ha paralizado la oferta pública de empleo, con lo cual no saca las plazas nuevas a oposición pero, a la vez, despide a interinos que las estaban cubriendo de manera provisional», concretan fuentes sindicales. Los recortes en este consistorio afectan sobre todo a Policía Local y Guardia Rural, según estas mismas fuentes.

En Requena ya han despedido a un electricista y han reducido la jornada hasta un 30% a cuatro auxiliares administrativos. Y temen nuevos recortes en breve. En Aldaia vuelve a ser la policía quien padece las restricciones. Según el sindicato, hay 42 plazas de agentes presupuestadas para este año pero sólo 40 están ocupadas. «Ese dinero que no gastan en los sueldos de las dos plazas vacantes se desvía a otros menesteres», en un cada vez más imposible equilibrio presupuestario. En Real de Gandia han despedido a dos policías, en Massalfassar han sido otros tres, mientras que en Bellreguard comenzaron por los interinos y en los próximos meses seguirán con el personal laboral.

Empresas públicas

Como ya ha hecho Alboraya, las empresas públicas, que en su día sirvieron para agilizar trámites urbanísticos, comienzan a desaparecer. Es el caso de San Antonio de Benagéber. Su alcalde, el popular Antonio Cañizares, es meridianamente claro: «Es muy duro ponerse delante de los trabajadores y decirles que ya no podemos seguir pagándoles». Cañizares explica que la empresa pública ha cerrado y una veintena de empleados se han ido a la calle en 2010. Y avisa: «cuanto más tardemos en tomar estas decisiones, peor».

Sin embargo, hay quien todavía se resiste a dar el paso hacia el despido. Sobre todo los municipios gobernados por el PSPV. En Alaquàs, pese a que es uno de los municipios que acumula mayor deuda, no van a despedir a nadie y se han inventado una fórmula con la que dicen que van a ahorrarse mucho dinero en ese capítulo 1. «Los trabajadores ocupan sus puestos de forma escalonada, para que así en el momento de más actividad del día estén todos. Se consigue mayor eficiencia», explicaron fuentes municipales.

Se entiende que con esta medida se esté ahorrando en horas extra, aunque ya por este concepto la mayoría de los consistorios han apretado tuercas desde hace tiempo. Por ejemplo, en Torrent han dejado de gastar 450.000 euros al año tras implantar un plan de austeridad que evita que los policías hagan jornadas maratonianas. «Se trata de organizarse», dicen.

Más reticentes todavía son los consistorios en reconocer que se recortan servicios, a pesar de que los alcaldes unánimemente admiten que cuesta demasiado mantener el nivel de los años de bonanza económica. Es el caso, por ejemplo, de las piscinas cubiertas. «Son deficitarias», reconoce el alcalde de Sedaví, Rafael Pérez.

Los recortes, de momento, han llegado a las ayudas y subvenciones. Es como una cadena, que empieza con el Gobierno, sigue con el Consell y termina con el Ayuntamiento. Xàtiva ya aprobó un incremento del 40% en las tasas que se pagan, por ejemplo, en el conservatorio, mientras que Alboraya decidió que matricularse en la escuela de adultos o en la guardería municipal costaría exactamente lo que vale. Es decir, no está subvencionado.

El portavoz del PSPV en este municipio, Miguel Chavarría, es muy crítico con la situación a la que se ha visto abocado el consistorio. «El plan de empleo, que afecta a la práctica totalidad de servicios del Ayuntamietno, propone recortes de personal tan drásticos que hace peligrar la operatividad de algunas áreas», y advierte de que el presupuesto se basa en que el ERE se apruebe. «Si no es así no hay dinero para pagar los sueldos».