Los usuarios denuncian a la SGAE por apropiación indebida y la entidad contrataca con una querella por calumnias

La reacción de la SGAE ante las acusaciones de los usuarios por apropiación indebida no se ha hecho esperar. La organización que preside Teddy Bautista, junto al resto de entidades denunciadas, acaba de anunciar que interpondrán una querella criminal por calumnias contra los denunciantes.

Cabe recordad que varias asociaciones de internautas han presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra diferentes entidades de gestión de derechos de autor por supuestos delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos públicos y privados, y apropiación indebida de 50 millones de euros.

La Sociedad de Autores asegura que la denuncia formulada «es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión».

Acusaciones de los usuarios

Según la denuncia presentada por miembros de la Asociación de Internautas (AI), la de Usuarios de Internet (AUI) y la de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), las entidades de gestión, entre ellas SGAE , CEDRO o EGEDA, se habrían apropiado indebidamente de 50 millones de euros en 2008 y 2009.

Tras presentar la denuncia ante la sede de Fiscalía Anticorrupción en Madrid, el presidente de AUI, Miguel Pérez Subías, ha asegurado que el Ministerio de Cultura pactó con las gestoras que si al año no recaudaban 100 millones de euros en concepto de canon digital, el Estado ponía la diferencia.

Así, en 2008 las entidades gestoras, según los datos publicados por Cultura, recaudaron más de 81,5 millones de euros y, en 2009, 95,2 millones, lo que supone que el Estado tendría una deuda de 23,1 millones de euros.

Según la denuncia, las cantidades publicadas en los informes anuales de las entidades no coinciden "ni mucho, ni poco, ni nada", con las del Ministerio y "casualmente" son inferiores a las que figuran en los documentos públicos de Cultura, con el fin, señalan los denunciantes, de "querer cobrar del pastel de los cien kilos".

En este caso, la denuncia sostiene que se habría incurrido en los delitos de falsedad documental y de fraude a la hacienda pública, "al declarar ante la Administración pública una cantidad menor para así obtener una mayor subvención", al tiempo que existiría posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas.