Sanidad descubre el caso de una niña embarazada tras ser violada con 11 años

La Guardia Civil ha arrestado a un individuo y busca a otro que ha huido por violar, presuntamente, a una niña cuando tenía 11 años en una pedanía oriolana, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. Uno de ellos la dejó embarazada a esa edad, aunque el avanzado estado de gestación que presentaba la menor cuando se descubrieron los hechos, unos seis meses, impide que pueda abortar, de acuerdo con la legislación actual, según fuentes jurídicas.

Aunque el cuerpo de la pequeña todavía no se ha desarrollado por completo, y es de corta estatura y muy delgada, los médicos que la han examinado consideran que su vida no corre peligro en el futuro parto, única excepción por la que un juez podría autorizar la interrupción del embarazo.

Un fiscal de menores se entrevistó con ella a mediados del mes de abril y remitió al Decanato del Palacio de Justicia de Orihuela la correspondiente denuncia con la petición de que se procediera a la detención de los dos sospechosos. Se trata de un individuo con el que la madre de la víctima mantuvo una relación sentimental y un vecino o allegado a la familia, ambos de nacionalidad ecuatoriana.

El primero se encuentra en busca y captura desde el pasado 20 de abril, mientras que el segundo fue arrestado días después de que se presentara la denuncia como presunto autor de un delito de agresión sexual, según las fuentes consultadas.

La niña, que tiene 12 años en la actualidad, se encuentra bajo tutela de la Generalitat Valenciana. De hecho, fue la Conselleria de Bienestar Social la que incoó el pasado mes el expediente para su protección después de que personal del centro de salud que le corresponde por lugar de residencia alertara del ya avanzado embarazo.

En un primer momento, las sospechas recayeron sobre el padre, aunque de inmediato se descartó su participación en los abusos porque se encontraba en prisión en la fecha en que la niña se quedó encinta, tras haber sido condenado por vulnerar una orden de alejamiento con respecto a su mujer, indicaron las mismas fuentes.

Finalmente, gracias al testimonio expuesto por la menor tanto en Fiscalía de Menores como ante los especialistas del Instituto Espill, el centro de referencia para abusos sexuales contra la infancia en la Comunitat Valenciana, la Guardia Civil acabó arrestando a uno de los sospechosos. El otro podría haber huido a su país o esconderse en cualquier otro punto de Alicante o de España al conocer que se encontraba en el punto de mira de la Administración, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

«A esa niña le han destrozado la vida», señala una persona que conoce el caso. Otras fuentes expresan su sorpresa por el hecho de que la madre no comunicara antes a los médicos sus sospechas, pues el estado de su hija, su vientre inusualmente abultado, saltaba a la vista.

Fuentes de la Fiscalía rechazan ofrecer información alguna sobre el caso para «proteger» a la víctima, que reside en un centro de protección de menores de la Generalitat.

La niña deberá ahora dar a luz porque se encuentra fuera de plazo para los supuestos previstos de interrupción voluntaria del embarazo. La actual legislación, que entró en vigor en julio del pasado año y ha sido ampliamente contestada por la Iglesia y sus organizaciones afines, así como recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP, no contempla el aborto para situaciones extremas como la registrada en Orihuela. Los médicos únicamente podrían llevarlo a cabo si encontraran un riesgo mortal para la madre y no lo han apreciado en la menor tutelada por la Generalitat.

El artículo 15 del texto normativo establece en 22 semanas el plazo máximo de interrupción de la gestación por causas médicas, «siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» o graves anomalías en el feto «incompatibles con la vida», cuando así conste en un dictamen.