El proceso puede alargarse hasta otoño aunque se pague la multa

O todos o ninguno. Si lo que pretende el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y, por extensión, la dirección nacional del PP es evitar la incómoda foto de un dirigente autonómico sentado en el banquillo de los acusados, la única opción que garantiza este escenario pasa por que los cuatro coacusados acuerden pagar la multa. Pero en el peor de los casos, si no se llega a un acuerdo, las garantías de éxito de la operación multa tienen escasa probabilidad.

Tras el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Flors a los cuatro acusados (el propio Camps, el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el exjefe de Turismo Rafael Betoret), la posibilidad de que sólo alguno de ellos decida tomar su propio camino no es descartable. El acuerdo de los cuatro para asumir una sentencia de conformidad resolvería el caso en tiempo récord. Pero la división en la jurisprudencia sobre este respecto merodea estos días por el Palau de la Generalitat. Hay que recordar que es la primera vez que el TSJ celebra un juicio con jurado y, para más inri, en lugar de un acusado hay cuatro.

La intención de Camps, Campos y Betoret pasa por el pacto con la Fiscalía para asumir el pago de la multa, que conlleva el estado de acusado condenado. Pero si uno de los cuatro ejerce de verso suelto, arrastrará a los otros tres a otoño, fecha en la que se prevé la celebración del juicio. La causa de los trajes tiene cuatro acusados, pero tendrá una única sentencia. Por tanto, si no pactan en bloque, los que decidan asumir la multa de inmediato deberán esperar a que el presidente del jurado dicte sentencia. Ahora podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que se respetaría hasta la fecha del juicio, al que asistirá quien siga en el proceso. La novedad en el sistema de jurados para el TSJ y el número de acusados hace que no haya precedente que confirme que quienes decidan asumir el delito de cohecho impropio pasivo tengan puedan librarse del banquillo. La acusación particular o el propio juez Climent (presidente del jurado) podrían llamarlos como parte del proceso. Es decir, habrían asumido la comisión de un delito y no se librarían de la foto en el banquillo que tanto buscan evitar. Fuentes jurídicas aseguran que, además, si finalmente pactan en bloque y asumen los cuatro la condena, deberían hacerlo «ya» porque agosto es un mes inhábil para la Justicia y no se cerraría el proceso hasta septiembre.

Ya en otoño, los plazos serían igual de incómodos para la dirección nacional del PP, que en caso de que se adelanten las generales, estaría sumida de lleno en la precampaña electoral. Y la causa de los trajes no hace ninguna gracia a un Mariano Rajoy que ya se ve inquilino de La Moncloa.

El principal problema con el que se encuentran, tanto los acusados, como el TSJ, es que no existe precedente del juicio oral que tiene previsto celebrarse. Los acusados quieren evitar dicho juicio con una premura poco habitual en los procesos judiciales. Y el juez tiene que decidir si acepta una conformidad parcial o, por el contrario, sólo se inclina por la total. Suya es también la decisión de hacer a los acusados que hubieran apalabrado su condena de antemano, acudir al juicio o no. Lo que está claro es que si no alcanzan un pacto en los próximos días, la decisión irá a otoño. Bien porque el TSJ se queda sin tiempo por las vacaciones veraniegas, o bien porque quien decida ir a juicio pondrá el punto y final a las historias de los que prefirieron la prisa, aún asumiendo un delito.