Las leyendas de la educación

El pasado 15 de febrero prende una mecha que desemboca en la toma de las calles de Valencia durante las protestas de la llamada Primavera Valenciana. Aquel día, fruto de una asamblea estudiantil impulsada por los alumnos del IES Luis Vives en contra de los recortes educativos, se decide bloquear el tráfico de la calle Xàtiva. Durante los intentos por despejar la calzada, los agentes de la Policía Nacional detienen a un joven de 17 años. Es acusado de atentado contra la autoridad, lo que genera el estallido social que desemboca en tres días (jueves 16, viernes 17 y lunes 20) de altercados, cargas policiales y actos vandálicos en las calles durante concentraciones supuestamente improvisadas.

El resultado es dramático: 42 detenidos -ocho menores-, decenas de heridos e imágenes que han dado la vuelta al mundo, especialmente aquellas que muestran a agentes antidisturbios empleándose con contundencia. Pero no todo lo que reluce es oro. Ha habido relevantes manipulaciones que han espoleado el fenómeno sobre todo a través de las redes sociales.

Frío en el Luis Vives. La premisa de que los alumnos del instituto Luis Vives han sufrido cortes de luz o de calefacción por los impagos de la Conselleria es sencillamente falsa. La idea se ha repetido hasta la saciedad en debates televisivos, programas e incluso en boca de políticos. Y todo a pesar de que la dirección del instituto y la asociación de padres lo han negado de forma categórica. Las cuentas del Luis Vives se mantienen saneadas. Como informó LAS PROVINCIAS, en la actualidad disponen de 82.000 euros, una cifra que el 31 de diciembre se situaba en 27.000.

No hay dinero para luz o calefacción. Los primeros días de disturbios, una de las frases más repetidas por Twitter instaba a recordar que todo se debía por la falta de calefacción o luz en los colegios valencianos por los impagos del Consell. Un nuevo atentado contra la realidad. En la Conselleria sólo tienen constancia de tres problemas de este tipo: en un centro de Muro de Alcoi y otro de Almassora pararon la calefacción al no poder comprar más gasoil, y un instituto de Alicante se sufrió un corte de fluido eléctrico. En los tres, la normalidad volvía a las pocas horas. En el último caso, tras la intervención directa de la consellera de Educación, María José Catalá. Además, todas estas situaciones descritas se dieron a mediados del mes pasado.

La Generalitat ha sufrido problemas de tesorería que han motivado el retraso en los pagos de los gastos de funcionamiento del año pasado. Pero durante las protestas la deuda ya se encontraba saldada tras abonarse el 26 de enero y el 14 de febrero los dos cuatrimestres pendientes de pago.

La mayoría de los problemas por los retrasos se deben a falta de material escolar y servicios. Han sido decenas los centros afectados. Quizá algún centenar, pero no los 1.657 de la red pública.

Ha calado la idea de que la situación de ahogo es crónica, aunque solo quedan por pagar el bono libro y el bono infantil, y existe el compromiso de la Conselleria de que la situación no se volverá a repetir. Para este año, además, el presupuesto para calidad educativa se ha mantenido al mismo nivel que en 2011.

Los recortes educativos. Se ha producido una manipulación de conceptos que han sido el supuesto germen de la protesta, incluyendo los recortes en los gastos de funcionamiento, hasta que ganó peso el argumento de la brutalidad policial.

Aunque los sindicatos defienden que las reducciones de plantilla y de programas educativos vienen de lejos, lo cierto es que la verdadera movilización -con infiltrados que provocaron a la policía y azuzaron a los alumnos menores de edad- llegó tras publicarse el decreto de medidas contra el déficit, que básicamente reduce beneficios salariales de profesores.

El documento prevé, a partir de marzo, la reducción de los sexenios, un complemento exclusivo de los docentes públicos que se consigue acumulando formación. La previsión de la Conselleria de Educación es recortarlo a la mitad durante dos años, por lo que dejarán de percibir una media de 150 euros mensuales. Eso sí, el recorte será mayor para los que más sexenios acumulan. El ahorro anual previsto con esta medida es de 67,5 millones y Educación asegura que alrededor de un tercio del profesorado no se verá afectado al no disponer del complemento.

El decreto también contempla que el personal interino deje de percibir los sueldos de julio y agosto y, en algún caso, que no se cubra el total de la nómina por baja laboral a partir del decimoquinto día.