Justicia gasta en dos años casi cinco millones de euros en taxis

Uno de los gastos más llamativos del presupuesto de Justicia consiste en el desembolso de más de dos millones de euros al año casi cinco durante 2010 y 2011 en el servicio de taxis que habitualmente usan los funcionarios encargados de determinadas notificaciones y los fiscales para sus desplazamientos a otros partidos judiciales, según fuentes de la Conselleria de Justicia. En ambos casos, se trata de un servicio imprescindible para la buena marcha de la administración pero, sin duda, la cantidad final resulta notablemente elevada.

El gasto en taxis no ha dejado de aumentar desde los últimos ejercicios. La preocupación de la conselleria por reducir esta partida arranca desde hace casi un lustro. De entonces fue aquella idea de la Generalitat de comprar portátiles a fiscales y forenses para que pudieran cumplir con determinadas comparecencias a través de videoconferencias y ahorrar en desplazamientos. No obstante, también hay casos de fiscales que usan su propio vehículo.

Sin embargo, desde que se entregaron los ordenadores hasta que finalmente se instalaron los programas necesarios para esta comunicación pasaron más de dos años. Se trata fundamentalmente de utilizar esta herramienta tecnológica en procesos como declaraciones testificales de menores, comparecencias de prisión, órdenes de protección en los juicios rápidos y diligencias urgentes, entre otras posibilidades.

Sin destacamento de Fiscalía

Este método está pensado fundamentalmente para determinados partidos judiciales que no tienen destacamento de Fiscalía, es decir, que los fiscales deben desplazarse. Esto ocurre, por poner algunos ejemplos, en Llíria, Torrent, Catarroja, Sueca, Moncada, Sagunto y Massamagrell, entre otros.

Una de las ideas que la fiscal jefa de Valencia, Teresa Gisbert, comentó durante la mesa redonda de Aula LAS PROVINCIAS fue precisamente esta, la de aumentar el número de instalaciones con fiscales para reducir también de esta forma los desplazamientos. Esto mismo le trasladó el pasado martes Gisbert al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante su visita a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Aparte de la idea anterior le comentó su deseo de que se potencie el uso de las videoconferencias.

Los contratos de Justicia con la empresa encargada de este servicio son por dos años. En julio de este mismo ejercicio termina el último. El conseller de Justicia, Jorge Cabré, tiene el propósito de reducir gastos. Y no necesariamente por la vía del recorte, del tijeretazo puro y duro. Se trata de lo que ya avanzó en una reciente entrevista con este periódico, en esforzarse por gestionar mejor: hacer más con menos.

En este contexto hay que situar la cláusula que la conselleria ha incorporado en el nuevo contrato para el servicio de taxis, que saldrá a licitación en breve. Consiste, en definitiva, en reutilizar los taxis, que no estén parados sin dar servicio. Por ejemplo, tal y como explicó Cabré, la idea sería que el vehículo que se utiliza por un fiscal para llevarlo a un partido judicial aproveche el tiempo de espera hasta que el responsable del Ministerio Público termina para que sea utilizado por los funcionarios para notificar.

Esta medida, que deberá cumplir la empresa que obtenga el concurso, permitirá ahorrar a las arcas de la administración cerca de 600.000 euros. Así, el gasto previsto desde dentro de unos meses al verano de 2013 será de 4.290.000 euros.

La conselleria también insistirá en el uso de las videoconferencias por parte de los responsables. No es que no se use aclaran pero el objetivo es intensificar su uso.

Herramienta útil

Fuentes de la Fiscalía de Valencia reconocieron que se trata de una herramienta que cuenta con muchas ventajas y sí se utiliza con frecuencia. Por ejemplo, el resultado es muy satisfactorio en ruedas de reconocimiento. Sin embargo, sí reconocieron algunas «dificultades» respecto a las comparecencias de prisión o las calificaciones de juicios rápidos.

La realidad es que no existe ley alguna donde se regule el uso de las videoconferencias y algunos jueces todavía muestran ciertas reticencias a las nuevas tecnologías. La norma de uso se recoge en un convenio que se firmó entre el TSJ, cuando presidía Juan Luis de la Rúa, la Fiscalía y la conselleria de Justicia.

Fuentes del Ministerio Público también reconocieron inconvenientes de otro tipo en el empleo de los ordenadores. Por ejemplo que, en muchos juzgados el aparato se encuentra en la sala de vistas y si esta se encuentra ocupada en el momento de conectar la videoconferencia, resulta imposible efectuar la operación. Y en estos casos no es culpa ni de la Fiscalía ni del titular del juzgado.

Otros supuestos que también se producen son los casi inevitables fallos técnicos siempre que la tecnología se encuentra presente. No siempre resulta sencillo encontrar al técnico encargada de estas cuestiones. Y tampoco siempre y en todo momento existe un funcionario disponible para que controle el sistema.