Reclaman al diputado Ferrer que pague al letrado de oficio al que no tenía derecho
El Colegio de Abogados exige el dinero al popular, juzgado por conducir ebrio, porque su renta le impide la asistencia gratuita
A. RALLO
Martes, 6 de noviembre 2012, 02:39
A la historia en los juzgados del diputado nacional por Valencia Vicente Ferrer se le puede aplicar aquello de que fue peor el remedio ocultar su aforamiento y recurrir a un abogado de oficio que la enfermedad una condena por conducir ebrio.
Ferrer, quien además es el portavoz de la comisión de Defensa del PP, fue sorprendido en Valencia mientras conducía con una notable tasa de alcohol tras una fiesta de cumpleaños. El diputado realizaba «maniobras en zigzag y cambiaba continuamente de carril sin ningún tipo de señalización». Fue detenido y se le citó a un juicio.
El diputado, que es licenciado en Derecho y colegiado en Valencia, pensó que sería mejor ocultar su condición de aforado en el juicio que se iba a celebrar en la guardia. Ni el fiscal ni el titular del juzgado de Instrucción número 19 lo reconocieron. Tampoco se trata de un rostro habitual en los medios de comunicación. De esta forma pensaba evitar ser juzgado en el Supremo y, quizá, su aparición en los medios de comunicación.
Pero, además, decidió recurrir a los servicios de un abogado de oficio para que le asistiera en el juzgado. Los letrados tienen obligación de atender a todos los solicitantes ya que no se puede comprobar en el momento si esa persona puede beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. En cualquier caso, el propio afectado conoce por su formación que no puede disfrutar de ese servicio. Según los datos que figuran en la web del Congreso, su sueldo más complementos asciende a 5.682 euros brutos.
Por ello, el Colegio de Abogados reclamará el pago de los servicios del letrado que le asistió, según fuentes cercanas a la institución. La cifra sería un mínimo de 150 euros, pero podría llegar hasta los 300. Todavía no se ha concretado. Se trata de unos honorarios de mercado y no el coste de lo que reciben los abogados por cada servicio en el turno.
Al parecer, no ha sentado bien en la institución colegial que uno de sus miembros se aprovechara de la asistencia jurídica gratuita. «Lamentable», llegaron a definirlo algunos integrantes.
A todo lo anterior, hay que añadir que la sentencia que le condenaba por conducir bajo los efectos del alcohol ha sido anulada. El juez de instrucción envió recientemente la causa al Tribunal Supremo, órgano que considera que es competente para enjuiciar hechos cometidos por aforados. La condena le imponía la retirada del carné durante ocho meses y una multa de 900 euros. El Supremo podría imponerle una pena idéntica.
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