El Supremo obliga a la Generalitat a dar a Compromís los contratos de Gürtel

El Supremo ha rechazado -en sentencia con fecha de 25 de ferebro- el recurso presentado por la Generalitat valenciana contra la sentencia del 29 de abril de 2011 del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba a entregar a Compromís toda la documentación relativa a los contratos menores que la Generalitat firmó con empresas relacionadas con la trama Gürtel entre 2003 y 2008.

De esta manera el alto tribunal obliga a la Generalitat a facilitar toda la información que demandó la coalición y confirma que con la negativa a facilitar la información solicitada se produjo una "vulneración del derecho a participar en la política". Además, impone a la institución el pago de 2.000 euros correspondientes a las costas de todo el proceso.

El gobierno valenciano, a través del entonces vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Gerardo Camps, justificó entonces su negativa a facilitar los contratos de Gürtel porque era una parte afectada por el secreto de sumario.

La portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra ha destacado la importancia de esta resolución judicial, porque "abre una línea de jurisprudencia nueva" que ya no considera que la denegación de determinada información sea "una cuestión política" que se debe "solventar en las urnas".

Los diputados de Compromís que solicitaron estos contratos "no buscaban una respuesta a una cuestión política general sino información necesaria para emprender otras iniciativas de control sobre ese Gobierno", por lo que considera que se vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución. "El secreto sumarial alegado en términos bien indeterminados no es razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal, pues son previos a él y no tienen por sí mismos carácter secreto sino todo lo contrario", explica.

El Supremo recrimina a la Generalitat que en ningún momento del procedimiento judicial explica "de qué secreto se trata" ni de "por qué ha de verse afectada por él", y señala que se ha limitado a hacer "unas consideraciones generales sobre ese secreto y sobre su utilidad para impedir filtraciones y evitar juicios paralelos".

Niega que facilitarles la información solicitada pueda implicar la existencia de "juicio paralelo alguno" y sostiene que la existencia de un proceso penal no es "obstáculo" para que los parlamentarios controlen la acción del Gobierno. Así, concluye que el Consell "incumplió su obligación de facilitar la información que se le había pedido pues no había razones fundadas en Derecho que ampararan su posición y, por tanto, incurrió" en una infracción de la Constitución.

Oltra, quien ha expresado su satisfacción por la sentencia, ha destacado que esta sienta un precedente que puede afectar a los cuatro recursos que tienen presentados ante el TSJCV por la negativa de la Generalitat de facilitarles información sobre el informe que sirvió de base al ERE de RTVV, estudios demoscópicos, el canon de la Fórmula Uno y de un plan para mejora de instalaciones educativas.

El Supremo resuelve que el que un gobierno dé o no documentación "no es una cuestión que se pueda resolver en las urnas, sino que es una auténtica vulneración de derechos fundamentales que el poder judicial puede tutelar", ha destacado la parlamentaria de Compromís, quien ha advertido de que si el Consell sigue negándose a facilitarles la información que piden recurrirán a la vía penal