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EFE , VALENCIA
Martes, 2 de abril 2013, 20:13
Los profesionales de servicios sociales de la Comunitat Valenciana han exigido hoy al Gobierno la modificación del anteproyecto de ley de reforma local, ya que la propuesta planteada "supondrá el desmantelamiento efectivo" del cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Así lo recoge un manifiesto al que se han adherido 900 profesionales del sistema, la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales, según un comunicado de la organización.
El colectivo asegura que la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy genera "incertidumbre y preocupación", porque "elimina" el sistema de servicios sociales como una competencia propia de los ayuntamientos y las delega a diputaciones y Comunidades autónomas.
"El Gobierno ignora el sistema de servicios sociales que se ha venido configurando en los últimos treinta años en España, plenamente asentado en los ayuntamientos en el nivel de especialización de atención primaria", señala el manifiesto.
Los técnicos valencianos de servicios sociales ven un futuro "desolador" si se lleva a cabo la propuesta del Gobierno, ya que "se pierde el camino andado y se dibuja un Estado asistencial de beneficencia y no de derechos sociales".
La propuesta del Gobierno "elimina la fortaleza en la proximidad" de los servicios sociales, dejando a las personas y familias en manos de unas administraciones "que no conocen ni su realidad ni sus necesidades".
"Más que una reforma de la administración local, esta medida supone una contrarreforma, un gran retroceso", indica el manifiesto, que añade que se deja la cohesión social en manos de actores ajenos al territorio, lo que supone "una fuerte involución social y democrática".
Los profesionales valencianos de servicios sociales afirman que "no es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos" y anuncian acciones reivindicativas para conseguir que el Gobierno rectifique.
Asimismo, reclaman que la nueva ley incorpore como competencia directa municipal la atención primaria de servicios sociales y el reconocimiento de un catálogo de prestaciones básicas.
Finalmente, alertan de que los pueblos de España y de la Comunitat Valenciana "se quedarán sin servicios sociales" y la ciudadanía "sin atención social".
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