La fiscal pide cuatro años de cárcel para Armiñana por alzamiento de bienes

La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel para el empresario Juan Antonio Armiñana por desviar dinero de su empresa para evitar pagar a los acreedores cuando la sociedad entrara en concurso, situación que finalmente se produjo un mes más tarde. Su esposa, María del Carmen Ordóñez, también está acusada del mismo delito: el alzamiento de bienes. El Ministerio Público solicita otros cuatro años de prisión para ella.

La investigación penal comenzó en el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia después de que la Fiscalía de Valencia detectara las irregularidades durante el concurso de la mercantil, un procedimiento que se sigue por la vía civil.

Armiñana constituyó su sociedad en 1994. Era el dueño del 96% de las participaciones y el administrador único de la firma. La sociedad estaba dedicada a la promoción y construcción de viviendas urbanas.

La crisis también afectó su modelo de negocio. A finales de 2008 se ve abocado a presentar el concurso. Sin embargo, tal y como recoge la Fiscalía, durante el mes anterior a la solicitud Armiñana «sacó activos de Promociones Inmobiliarias y los transfirió a otras sociedades de las que también era socio único o junto a su esposa». El objetivo de esta maniobra era «conservarlos en su poder y evitar que fueran destinados a pagar deudas».

Los informes de Hacienda detallan los movimientos de capital que ejecutó el empresario durante diciembre de 2008. A principios de mes, transfirió 340.000 euros a la empresa Gastropar, una firma que era propiedad de Promociones Inmobiliarias. No era la única transferencia que había hecho ese mismo año. Previamente, realizó otros traspasos que, en total, superaron los 860.000 euros. Unos días más tarde, el conocido empresario que también es presidente de la Falla Nou Campanar, ordenó desviar algo más de 100.000 euros desde la cuenta de la firma a una suya personal.

El movimiento de capital más importante lo ejecutó el 19 de diciembre, según consta en un informe de la Agencia Tributaria. La empresa, que ese mismo día presentó la solicitud de concurso, concede un préstamo de 2,5 millones a la sociedad Armiñana Ordóñez SL. Esta entidad pertenecía al matrimonio al cincuenta por ciento. El dinero fue utilizado para liquidar una hipoteca de una casa de su propiedad. Además, se calificaba este supuesto crédito como «deuda incobrable» cuando la realidad era que la empresa receptora era perfectamente solvente.

Por último, el día 8 de enero de 2009, cuando se admitió el concurso, el constructor recibe un cheque de su propia empresa por valor de 2,1 millones. Esta cantidad la ingresa inmediatamente en las cuentas de la firma que tenía a medias con su mujer. Según consta en la calificación del Ministerio Público, la compañía pasó de tener un balance patrimonial de más de 11 millones a un déficit de 100.000 euros a comienzos de 2010.

La Fiscalía, además de la pena de prisión, solicita una multa de 12.000 euros para cada uno de los acusados. La responsable del Ministerio Público que ha llevado el caso por la vía penal solicita al juzgado de lo Mercantil que informe acerca de la resolución del concurso -si ya se ha producido- y si fueron anuladas las transferencias que efectuó Armiñana con anterioridad a la presentación de la solicitud. Entre los acreedores del proceso, aparte de Hacienda, figuran varios Ayuntamientos. Las transferencias ejecutadas por el empresario causaron un «agravamiento generalizado de la situación de insolvencia».

Antecedentes

Este tipo de delitos, como el alzamiento de bienes y la insolvencia punible, han proliferado con la crisis económica, que ha obligado a muchas firmas a recurrir al concurso. El caso más conocido, por su repercusión nacional y la participación del valenciano Ángel de Cabo, fue el de Viajes Marsans, propiedad en su día del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Otros conocidos valencianos ya han sido condenados por hechos similares, aunque por la vía civil. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia declaró culpable el concurso de Fomento de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, administrada por Bernardo Blasco, hermano del exconseller y exsíndic del PP en Les Corts, Rafael Blasco. La sentencia le obligaba a devolver 74.000 euros «por haberlo extraído indebidamente a los acreedores».