España les paga la ronda

Asegura que no salen cuentas. «No sé qué beneficio sacan». Él, que cobra los gin-tonic de Larios a 5,50, un precio bastante contenido, no se explica que enfrente, en el Congreso, puedan servirlos a 3,15. Regenta un establecimiento situado justo al lado de la Cámara -«preferimos que no salga el nombre»-, punto de encuentro habitual de diputados, periodistas y trabajadores de la institución.

En realidad, lo que debería sorprenderle es seguir manteniendo la clientela: por mucho que ajuste y rebaje el menú del día a 15 euros (y hasta 9,50 si es para llevar y sin bebida), jamás podrá con la cafetería del Parlamento, con comidas a 8,60 y copas más baratas que en una romería. «Imagino que estar siempre en el mismo sitio aburre... airearse viene bien», dice.

La publicación, el pasado viernes, del pliego de condiciones para la concesión del servicio de restauración en el Congreso, ha vuelto a reavivar la interminable polémica de los chollos de que disfrutan los políticos españoles. Como, en esta ocasión, el documento especifica todas las tarifas vigentes durante los cuatro años de duración del contrato, no hay lugar para la duda. Los depositarios de la soberanía popular podrán comenzar la jornada desayunando por 1,05 (0,85 solo café). Si les entra el gusanillo a media mañana, un cruasán a 0,90 puede ayudar hasta la hora de comer por 9 euros. Y, como todo el mundo sabe, un trago puede contribuir a una feliz digestión: un Torres 10 Gran Reserva saldrá por 3,70; un gin-tonic de Larios, por 3,45, y un cubalibre, por 3,40. Los más antiguos tendrán ocasión de recurrir al placer del licor Calisay por 2,30.

Las primeras en reaccionar ante la escandalera que se ha organizado en las redes sociales han sido, como era de prever, las formaciones sin representación en la Mesa del Congreso, que es el órgano que ha aprobado el pliego de condiciones. Así, IU y UPyD han propuesto que las bebidas alcohólicas queden excluidas de los precios de ganga. La líder 'magenta', Rosa Díez, exige que «el alcohol no tenga ni un céntimo de subvención», y ha anunciado que estudiarán el documento para ver qué se puede hacer. Más allá ha ido José Luis Centella, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, que reclama que se acabe con el «trato de favor». «No tiene lógica que los precios de la cafetería del Congreso sean diferentes». ERC, por su parte, ha dirigido una carta a la Mesa del Congreso proponiendo que, sencillamente, no se sirva alcohol, una medida que se aplica desde hace tiempo en el Parlament catalán sin que se hayan producido grandes trastornos.

«No venimos a beber»

Una opinión bien diferente ofrecen los partidos que integran la Mesa. Su presidente, Jesús Posada (PP), aboga por mantener el régimen de precios limitados de toda la vida porque siempre «ha funcionado bien». Más entusiasta, la diputada de CiU Montserrat Surroca ha defendido al gremio -«aquí no venimos a tomarnos gin-tonics. Estamos trabajando duro»-, y de paso ha recordado que hay mucho más personal en la Carrera de San Jerónimo, que deben de ser los que beben. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, justifica los precios por el peculiar horario de la cafetería en el Congreso, que haría inviable su explotación con tarifa razonable.

No debieron de quedar muy convencidos con la defensa: el martes, fuentes de la Presidencia del Congreso aclaraban que en realidad pimplar no está subvencionado. Lo que se hace, explicaron, es contribuir al mantenimiento de los empleos de la contrata que presta el servicio. Es decir, que de la misma manera que Ikea, por poner un ejemplo, ofrece precios bajos en sus muebles gracias a las economías con el embalaje y el transporte, el bar de la sede parlamentaria puede vender whisky de ocasión porque se lo ahorra en el camarero.

La verdad es que no resulta una posición fácil de mantener. Primero, porque no hay muchos trabajos en los que uno pueda hacer un intermedio para echarse un aguardiente al estómago, aunque a los oradores en la tribuna pudiera venirles bien un extra de locuacidad. En cuanto al interés por que la empresa concesionaria obtenga beneficios, parece que éste está asegurado: independientemente de sus ventas, recibirá anualmente cerca de un millón de euros de ayuda, que le vendrá estupendamente para mantener sus precios.

Quizás sus señorías deberían fijarse en el modelo inglés. En el Parlamento británico disponen de varios pubs, y alguno, como el Sports and Social Club Bar, organiza semanalmente una noche de karaoke. Tiene sus riesgos, es cierto: hace un par de meses, el diputado independiente Eric Joyce fue detenido por liarse a puñetazos y aguar la fiesta al resto de parlamentarios. Como castigo, tiene prohibido desde entonces beber en los ocho bares del Palacio de Westminster. Igual se anima a visitar a sus colegas de Madrid.