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A. RALLO
Jueves, 3 de octubre 2013, 11:05
La Fiscalía de Valencia ha denunciado al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y a otros tres altos directivos del organismo por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Otras fuentes añadieron que el escrito recoge también los de estafa y falsedad documental.
La cantidad presuntamente malversada ascendería a 44 millones de euros, según informaron fuentes conocedoras de la investigación del Ministerio Público. La denuncia se encuentra ahora en el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, tal y como ayer confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
El siguiente paso sería citar a los cuatro denunciados en calidad de imputados y, por tanto, acompañados de sus abogados, para que aclaren su presunta responsabilidad en los hechos. No obstante, antes de adoptar esta decisión, el titular del órgano ordenará la práctica de unas diligencias complementarias a los hechos relatados por el fiscal. Se trata de diferentes pruebas, algunas de las cuales las ha pedido el Ministerio Público en su escrito de denuncia y que, de momento, no han trascendido.
La investigación por estas supuestas irregularidades comenzó hace algunos meses tras una denuncia -las fuentes no aclaran si la presentó un particular o un partido político- que llegó a la Fiscalía. El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación penal que han desembocado en la citada denuncia. El Ministerio Público considera de esta forma que existen suficientes indicios de que los hechos podrían ser constitutivos de delito.
Entre las presuntas irregularidades remitidas al órgano judicial consta la compra de una embarcación para los invitados de la Autoridad Portuaria durante las regatas de la Copa América, celebradas en las playas de Valencia durante 2007.
La adquisición del yate tuvo un coste superior a los cuatro millones de euros cuando se cree que su valor en el mercado sería notablemente inferior a esa cantidad. A ese desembolso hay que sumar el mantenimiento de una nave de esas características, servicio que fue contratado con la empresa Buriel Navarro, una firma habitual en las adjudicaciones de APV para diferentes trabajos en los puertos de Sagunto, Valencia y Gandia. Todas las instalaciones anteriores, bajo la supervisión del organismo controlado por Rafael Aznar.
La constructora Cyes
No es esta la única supuesta irregularidad que se ha conocido en los últimos meses acerca de la gestión de Aznar. Lo del barco sería casi una anécdota si atendemos a la cantidad total malversada que aseguran las citadas fuentes, en torno a los 44 millones de euros.
El presidente del puerto de Valencia reside en una vivienda que fue construida por una empresa filial de la constructora Cyes -no confundir con la entidad implicada en el caso del desvío de ayudas al Tercer Mundo en el que está imputado Rafael Blasco-. El piso, situado en pleno centro de Valencia, se sitúa en una de las fincas más cotizadas de la ciudad.
La firma constructora ha obtenido a lo largo de su trayectoria varias obras de la APV, en especial, en la ampliación del puerto de Gandia. También ha llevado a cabo otras actuaciones en un buen número de recintos portuarios repartidos por la Península.
Además, se da la circunstancia de que el hijo del máximo responsable de la autoridad portuaria trabaja en esa misma compañía. Rafael Aznar Alonso es ingeniero adjunto en la firma.
Entre las presuntas actuaciones sospechosas del presidente y de otros tres altos directivos de la autoridad portuaria, cuyos nombres no han trascendido, estaría también la entrega de importantes cantidades de dinero a fundaciones en cuya cúpula figuran a su vez algunos responsables de la Autoridad Portuaria. A una de ellas se aportaron cerca de dos millones de euros anuales. Se trata de la Fundación Valenciaport, en la que Aznar figura también como presidente.
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