El Consell aprueba un decreto ley urgente para recuperar el control de RTVV

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) acaba de publicar una edición especial que incluye un decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat.

El texto modifica la Ley del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana e incorpora un nuevo apartado que permite el nombramiento del director general y de los consejeros sin pasar por Les Corts. Minutos después de la publicación, el Gobierno valenciano se ha reunido para proceder a dicha elección.

El texto dice lo siguiente: "En aquellos supuestos en los que como consecuencia del cese, destitución o renuncia de sus miembros, el consejo de administración no pueda alcanzar el quórum necesario para adoptar acuerdos, se habilita a la Junta General para que nombre provisionalmente a todos los cargos vacantes, incluido en su caso el director o directora general, hasta la constitución de un nuevo consejo de administración elegido por Les Corts de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el Artículo 13 de esta Ley".

El decreto ley aprobado de forma urgente entra en vigor hoy mismo.

El nuevo decreto faculta al nuevo director general a obligar a los trabajadores del ente a cumplir el contrato programa. En caso de que no sea así, está capacitado para cortar la emisión del canal.

En el preámbulo del decreto se indica que ante la renuncia de "determinados" miembros del consejo de administración y de su directora general y la imposibilidad de "proceder de forma inmediata a la renovación de cargos", se requiere la adopción de medidas urgentes que aseguren la administración de RTVV y el "normal funcionamiento del servicio público".

Sobre la actual situación de la radio y televisión públicas se argumenta que se ha dado una situación de "ausencia de gobierno y administración" que impide los principios legales de actuación.

Esa "incertidumbre", según consta en el preámbulo del decreto, repercute en el funcionamiento de la entidad, que carece de gobierno y de un responsable que "garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así como la buena administración y gobierno".

Entiende el Consell que esta situación impide asegurar "la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva". "Estas circunstancias impiden que se puedan ejercer funciones de trascendencia como autorizar pagos y gastos. La grave situación requiere una respuesta inmediata que no es posible llevar a cabo con el marco legal actualmente existente", añade el preámbulo.

Por este motivo, "resulta necesaria la adopción de medidas urgentes que con la mayor celeridad aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público", concluye el citado preámbulo.