La Seguridad Social demanda a la Generalitat por contratar a becarios para dar inglés

La contratación el curso pasado de 329 becarios de inglés le va a causar más de un quebradero de cabeza a la Conselleria de Educación. La medida, ideada para dar apoyo a los profesores del Segundo Ciclo de Infantil con el objetivo de facilitar la introducción del idioma en las aulas ha derivado en una demanda presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Generalitat, en la que también figuran como denunciados algunos de los jóvenes que se beneficiaron de la convocatoria (unos 40).

Se trata de los English Helpers, menores de 36 años recién licenciados y con conocimientos en idiomas que podían optar a ocupar un puesto de asistente del tutor de la clase para ayudarle en la docencia de la lengua extranjera. Eso sí, desempeñaban su labor como profesionales en prácticas. Según la demanda, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se ha determinado iniciar el proceso judicial a instancias del organismo, y la vista se prevé para el 10 de diciembre del año que viene.

Hay que recordar que en 2012 el grupo parlamentario Compromís presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en relación a estas contrataciones, que derivó en la apertura de un expediente donde se aseguraba que la cotización por estos empleados -se hizo como si se tratara de personal en prácticas- había sido incorrecta al probarse la existencia de una relación laboral normal, propia de un docente.

Es el argumento que se incluye en la denuncia, donde se dice que tras estudiar las alegaciones presentadas por la Generalitat se propone iniciar «el correspondiente procedimiento de oficio ante la Jurisdicción Social con la finalidad de que declare la existencia o inexistencia de la relación laboral ordinaria apreciada en el acta de liquidación». Esta última se refiere a la resolución que adopta Trabajo tras investigar las citadas contrataciones y que determina que la administración no cotizó correctamente por estos empleados.

La denuncia dice que en el acta citada «consta con claridad» que existía una vinculación laboral ordinaria. También asegura que el objetivo de la Conselleria de Educación con la convocatoria era cumplir con el decreto de plurilingüismo pero sin recurrir «a las normas que regulan la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública y con un menor coste social -salarial, impositivo y en materia de cotización a la Seguridad Social-». Es decir, Educación no recurrió a las bolsas de trabajo de especialistas en inglés, por poner un ejemplo, pues le resultaba más económico utilizar becarios, cuyo sueldo se situó en mil euros brutos al mes, mucho menos que el que habría percibido un docente funcionario o interino por desempeñar las mismas labores.

La demanda va más allá, pues llega a asegurar que se ha podido cometer un «fraude de ley», pues aunque el citado decreto habla de que las necesidades docentes para introducir la lengua extranjera se cubrirán con medios personales de la conselleria, al final se optó por la figura de las prácticas formativas. Al fin y al cabo, participaron personas ajenas al sistema, pues no se exigía que estuvieran inscritas en las bolsas de trabajo correspondientes.

En la convocatoria de los English Helpers se aseguraba que el salario se abonaba para compensar los gastos generados al becario. Sin embargo, la Seguridad Social rebate este argumento al afirmar que la cantidad -los mil euros brutos- «es desproporcionada para que pueda calificarse como un suplido o ayuda». También se dice que no se puede hablar de prácticas formativas «porque si el tutor no habla o entiende el inglés no resulta posible que haga un verdadero seguimiento» del trabajo desarrollado por el joven.

La convocatoria no se ha renovado para este curso, por lo que sólo hubo asistentes becarios en el 2012-2013. Además de la denuncia de Compromís, el STEPV presentó por su parte un contencioso administrativo por el mismo motivo.