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HÉCTOR ESTEBAN
Miércoles, 27 de noviembre 2013, 20:38
El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con 49 votos a favor del PP, 42 en contra de la oposición y un voto nulo (una diputada del PP se equivocó al votar), la ley que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
Justo en el momento en el que Juan Cotino, presidente de Les Corts, acababa de leer el resultado de la votación, la oposición al completo se ha puesto en pie y de espaldas mientras mostraban carteles con el lema "RTVV no es tanca" y han empezado a dar palmas al tiempo que comenzaba a gritar '¡No teniu vergonya!' a la bancada de diputados del PP, que permanecían sentados en sus escaños. A este grito se ha sumado la tribuna de invitados en la que estaba el Comité de Empresa de RTVV. Esta situación se ha prolongado durante varios minutos hasta que los diputados han abandonado el hemiciclo.
El presidente de Les Corts, Juan Cotino, ha pedido que desalojaran a los representantes de los trabajadores de RTVV, que han sido coreados por los aplausos de la oposición puesta en pie, y ha suspendido la sesión plenaria hasta esta tarde.
El voto de 5 diputados del PP
La liquidación de RTVV ha sido respaldada por 49 de los 54 diputados del PP (faltaban Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, Angélica Such y Rosa Roca, mientras que Maite Parra ha votado nulo) y rechazada por 42 miembros de la oposición (faltaban los socialistas Jorge Alarte y José Benlloch). El diputado no adscrito Rafael Blasco no estaba en el hemiciclo.
El PP ha insistido en que el cierre de RTVV es una decisión "muy difícil" pero meditada, mientras que el PSPV-PSOE ha anunciado que recurrirá a todas las instancias para frenarlo, Compromís pedirá que los miembros del Gobierno valenciano respondan con su patrimonio, y Esquerra Unida ha dicho que no hay "ni una razón" para el cierre.
La norma, presentada por el grupo popular como proposición de ley y tramitada por lectura única, suprime la prestación del servicio público de radio y televisión autonómico de titularidad de la Generalitat y establece como consecuencia la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla de RTVV.
Los trabajadores de RTVV concentrados frente a la sede de Les Corts han mostrado su duelo por el cierre de la empresa con gritos de enfado, pero también con abrazos y lágrimas por esta pérdida, y han hecho un llamamiento a la sociedad valenciana para que "espabile" y no permita "el hundimiento" al que, a su juicio, el PP está llevando a la Comunitat Valenciana.
La Unió de Periodistes Valencians ha manifestado que el cierre de RTVV es una decisión "autoritaria" que deja a los valencianos "huérfanos de su principal canal de información en valenciano ", y ha lamentado la "decisión unilateral y sin precedentes" de Fabra de "fulminar el servicio público de radio y televisión".
Una vez entre en vigor la ley -al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana-, el Consell nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo las acciones legales establecidas, y estará facultado para cesar a los miembros del consejo de administración de RTVV.
Los argumentos de cada grupo
El portavoz del PP, Jorge Bellver, ha defendido que el cierre de RTVV es una decisión "muy difícil" pero consecuente con las prioridades sociales del Consell, y es la "última consecuencia" de la resolución judicial que anuló un ERE donde la oposición tuvo una "mala influencia".
"Han estirado tanto la cuerda que al final se ha roto y ya no hay recursos ni tiempo para poder atarla", ha aseverado Bellver, quien ha asegurado que es un día "doblemente triste" para el grupo popular: por esta votación y por la "irresponsabilidad" de la oposición en este proceso, que ha "imposibilitado" el acuerdo.
Bellver, ha criticado que la postura de la oposición "nunca ha sido salvar RTVV, sino atacar al Gobierno valenciano ". "Ustedes pudieron haber sido parte de la solución, pero han tomado la decisión de ser el problema", ha resaltado, quien ha criticado su "bloqueo a la negociación del ERE"
El socialista Josep Moreno ha anunciado que su partido recurrirá "a tantas instancias judiciales y políticas como sea necesario" para frenar este cierre; ha alertado de que al PP no le "funcionará su plan", y ha pedido disculpas por no haber acabado políticamente con el PP antes de que "hicieran esto".
A su juicio, "este gobierno y el partido que lo sustentan no son homologables a ninguna derecha de Europa", porque "no hay ningún partido conservador en Europa que obligue al parlamento a tener como presidente a alguien cuya familia ha recibido más de 1.100 millones de euros en contratos públicos; que se apoye en un grupo parlamentario en el que casi uno de cada cuatro diputados está imputado por corrupción; o que se permita arrebatar a los valencianos su televisión pública mientras se dedican a pasarse hojas fotocopiadas para pedir el indulto a un corrupto condenado en firme".
Moreno ha manifestado que el cierre de RTVV tiene que servir "como una advertencia de lo que esta gente es capaz de hacer". También ha criticado que Fabra dijera este martes en los Desayunos Informativos de Europa Press que el "hueco" de RTVV lo ocuparían propuestas de "emprendedores". Al respecto, el socialista ha indicado que el jefe del Consell "confunde emprendedores con aprehendedores, como Correa, el Bigotes u Ortiz".
El portavoz de Compromís Enric Morera ha asegurado que esta decisión "tan grave" no les saldrá "gratis", porque presentarán una acción de responsabilidad patrimonial contra la junta de accionistas de RTVV -el Consell- para que respondan con su patrimonio por este cierre, y ha pedido la dimisión de Alberto Fabra porque "no está capacitado para negociar situaciones de dificultad".
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco ha señalado que "RTVV es, era y será necesaria", entre otras cosas para contar la "derrota electoral" del PP, y ha calificado de "ignominioso" el voto del PP, que no ha dado "ni una sola razón" para cerrar RTVV ni ha asumido responsabilidades sobre el saqueo o la corrupción en el ente. Ha denunciado el "empecinamiento personal" de Fabra de cerrar la sociedad pública y "no rectificar" para "no quedar en ridículo". No obstante, ha resaltado que el jefe del Consell "ya está muerto políticamente; está desnudo de liderazgo y de capacidad".
Blanco, quien ha criticado que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps haya salido del hemiciclo cuando iba a comenzar a hablar la oposición, ha hecho referencia a la "oferta" del comité de empresa para el mantenimiento de RTVV, pero ha lamnentado que el Consell "no quieren sentare a hablar".
Las votaciones anteriores
Antes, con 50 votos a favor y 41 en contra se ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico.
Y con anterioridad, con 41 votos a favor del PP, se hizo lo propio con el decreto ley que el Consell aprobó el pasado 7 de noviembre por el que nombró a Ernesto Moreno como nuevo director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a Vicente Burgos, Lluís Bertomeu, José Serralde y Bartolomé Orozco como consejeros.
El presidente de las Corts, Juan Cotino, ha llamado a la votación, a lo que se ha pasado inmediatamente. Sin embargo, varios diputados no han podido votar y algunos no han logrado pulsar los dos botones --el de presencia y el del sentido del voto--, por lo que ha habido 41 votos a favor, 32 en contra y 14 votos nulos. La oposición ha pedido que se volviera a repetir la votación, pero Cotino se ha negado.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y los ocho consellers han asistido a este pleno. Asimismo, desde la tribuna de invitados han seguido este punto del orden del día miembros del consejo de administración, entre ellos, Rosa Solbes y Rafael Xambó, así como representantes del Comité de Empresa como Vicent Midsuf y Salut Alcover. Otros representantes lo han podido ver desde la Sala Vinatea.
El Gobierno valenciano aprobó el decreto ley 5/2013 con el fin de "garantizar la prestación del servicio público" y los "principios de programación" ante la situación de "ausencia de gobierno y administración" en la sociedad pública, tras la decisión de cierre de la cadena pública y la dimisión de su directora general, Rosa Vidal, y su equipo.
De esta manera, el Consell habilitó a la Junta General --formada por el propio Ejecutivo valenciano -- a nombrar provisionalmente, sin pasar por las Corts, a los consejeros vacantes en el consejo de administración. Así, se designó a Ernesto Moreno como nuevo director general, y a Vicente Burgos, Lluís Bertomeu, José Serralde y Bartolomé Orozco, como consejeros. Estos nombramientos fueron aprobados la pasada semana en el pleno de la cámara, con los únicos votos a favor del PP.
El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha defendido en el pleno de las Corts este decreto que, según ha destacado, obedeció "a una situación excepcional y urgente", dado que la renuncia de Rosa Vidal y de los cuatro consejeros nombrados por el grupo popular dejaban al consejo de administración "en una situación de parálisis".
"Decretazo"
Por su parte, los grupos de la oposición han criticado este "decretazo" y el cierre de Canal 9. Así, la diputada socialista Ana Barceló ha subrayado lo "rematadamente mal" que, a su juicio, la Generalitat ha gestionado esta situación y ha denunciado que el Consell "usurpe las funciones legislativas de estas Corts utilizando el decretazo".
La representante del PSPV ha denunciado que, desde que Fabra es presidente, el Consell ha presentado 15 decretos ley, lo que considera "una falta absoluta de respeto a las Corts y un concepto de democracia que nos empobrece a todos los valencianos ".
Barceló también ha criticado la manera "atropellada y descontrolada" con la que gobierna el PP y ha recordado el recurso de inconstitucionalidad presentado por los socialistas contra este "decretazo" que entiende "una chapuza". "Le tienen miedo a la democracia, al debate y a la pluralidad", ha manifestado la parlamentaria del PSPV, quien ha preguntado a Fabra: "¿Es el cierre de RTVV el inicio de un plan de liquidación de la Comunitat Valenciana?".
Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que lleva una chapa en la que se lee 'RTVV no es tanca', ha señalado que "la situación de excepcionalidad" es la del PP y del Consell. "Excepcionalidad es tener tantos imputados como tienen; excepcionalidad es tener dos contabilidades en el PP".
Oltra ha criticado que la Generalitat justifique el cierre de RTVV por el "sobredimensionado de la plantilla", porque se ha preguntado quién lo ha provocado. La diputada de la coalición ha hecho hincapié en que "TVV no es del Gobierno, no es del PP, es de los valencianos que se acordarán de la traición al pueblo valenciano que hoy harán ustedes".
Del mismo modo, el portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha subido a la tribuna de oradores donde ha mostrado una camiseta en la que se puede leer: 'RTVV nostra. Sense corrupció, en valencià, de qualitatat, pública y plural'.
"Ustedes son los culpables"
"Usted, señor Fabra es culpable de asesinar RTVV; señor Císcar, usted es culpable de acabar con la televisión publica de los valencianos ", ha dicho Blanco, quien ha añadido: "Todos los miembros del Consell y del PP son culpables de acabar con el principal elemento de vertebración territorial y de defensa de nuestras señas de identidad".
Por parte del PP, el diputado Alfredo Castelló ha felicitado al Consell por su actuación "ágil y absolutamente responsable" ante "un vacío de poder en un servicio público". "El Consell reaccionó sin perjuicio de que después las Corts procedieran al nombramiento de los consejeros", ha manifestado. Castelló ha acusado a la oposición de "engañar a la gente después de tantos años de 'fuera Canal 9'".
Decisión "muy difícil"
Esta mañana, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es una decisión "muy difícil" y "muy compleja", pero ha insistido en que la responsabilidad del Ejecutivo autonómico "está con los cinco millones de valencianos".
Fabra ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha mantenido el grupo popular previa al pleno de Les Corts en el que se votará la proposición de ley del PP para extinguir, disolver y liquidar RTVV.
El jefe del Consell ha manifestado que se trata de una decisión "muy difícil de tomar" y "muy compleja" pero, según ha dicho, "la responsabilidad está con los cinco millones de valencianos , sobre todo, con la necesidad de seguir teniendo presupuesto para poder garantizar el Estado de bienestar".
"Es una decisión muy difícil porque al final estas decisiones afectan a personas y aquí, desde luego, eso a todos los que tenemos que tomar esa decisión nos afecta, se lo puedo asegurar", ha indicado.
La sesión ordinaria del pleno ha comenzado sin ninguna incidencia y de manera puntual a las 10.30 horas, como estaba previsto, en la Cámara autonómica.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha tomado asiento de su escaño junto al vicepresidente del Consell, José Císcar, ambos ante los objetivos de numerosas cámaras de televisión y fotógrafos que los esperaban en el centro del hemiciclo. Junto a ellos estaban siguiendo la sesión el resto de miembros del Gobierno valenciano.
En la tribuna de invitados estaban para seguir el pleno miembros del Consejo de Administración de RTVV como Rosa Solbes y Rafael Xambó y representantes del Comité de Empresa como Vicent Midsuf y Salut Alcover.
Además, en la calle, en los alrededores de las Corts, donde se han podido ver distintos furgones de la Policía Nacional y agentes de este cuerpo de seguridad, se han dado cita desde una media hora antes del inicio del pleno, en la puerta principal del Parlamento valenciano, un grupo de trabajadores de Radiotelevisión Valenciana.
Estos empleados portaban chalecos con el lema 'RTVV la volem nostra, sense corrupció, en valencià, de qualitat, pública i plural'. Entre ellos, estaban algunos componentes del Comité de Empresa del ente.
Una vez iniciada la sesión plenaria, los policías nacionales que había en el entorno de la Cámara autonómica han comunicado a los trabajadores que debían dispersarse porque la ley prohíbe concentraciones en ese punto mientras están reunidas las Corts. Por ese motivo, los agentes han identificado a algunos de los empleados del ente.
Última oportunidad
Ayer todo estaba pendiente de una llamada de teléfono. Era la última oportunidad para mantener RTVV abierta. Las declaraciones del vicepresidente del Consell, José Císcar, el pasado domingo, y las del número dos del PPCV, Serafín Castellano, en el desayuno que mantuvo el lunes con los medios de comunicación invitaban al pesimismo. Ayer por la mañana, el presidente Fabra confirmó en Madrid la defunción definitiva de RTVV. Císcar fue el encargado de llamar por teléfono a los representantes del comité de empresa de la cadena pública para informar que el Gobierno valenciano no iba a aceptar el plan de ajustes propuesto por los trabajadores y que no había otra salida que el cierre.
Las razones del Consell
Los trabajadores, reunidos ayer por la mañana en las instalaciones de Burjassot, aseguraron que ellos no cerrarán RTVV y que seguirán emitiendo. Por la tarde, Císcar remitió un escrito con una lista detallada de argumentos para justificar el cierre de Canal 9 y rechazar la propuesta del comité de empresa. Las razones del Consell para no aceptar la propuesta de RTVV son diversas.
Císcar, en su escrito, aseguró que la última propuesta del comité ajustada a lo que dicta el contrato programa «viene a demostrar que en agosto de 2012, cuando se produjo la negociación del ERE no se visualizó el verdadero problema». El comité de empresa propuso un ajuste de los sueldos que aseguraron que se ciñe al presupuesto. El vicepresidente señaló en su carta que en su día no se aceptó una rebaja salarial entre el 7 y el 15% para salvar 200 puestos de trabajo de la cadena pública.
En relación al número de trabajadores que no volverían a su puesto de trabajo, según el comité, la respuesta del Consell fue que no se determina cuántos empleados no se reincorporarían a RTVV («se habla de unos 300») y tampoco se sabe su categoría y puestos, «por lo que la oferta no responde a un modelo organizativo sobre el que se pueda trabajar».
El económico es uno de los motivos sobre los que Císcar sustentó el rechazo a la propuesta presentada por los trabajadores. El Consell consideró que la oferta de los representantes de la plantilla para ejecutar un nuevo expediente de regulación de empleo «representaría un gasto de 65 millones de euros frente a los 23 que costó el ERE ejecutado en 2012». Además, «queda sin determinar los criterios para la afectación de los trabajadores al hipotético nuevo ERE».
El Consell aseguró en su contestación que en la propuesta de los trabajadores «hay incertidumbre en el coste de la plantilla que se debería establecer en base a un organigrama claro que no aparece». El comité propuso una plantilla de unos 950 empleados: «El coste duplica el de la consultora Price Waterhouse Cooper, que sirvió de base para el ERE». Por ello, el Consell tiene dudas de que se cumplan los gastos de personal. Císcar esgrimió como otra de las razones de rechazo el hecho de que la masa salarial no puede rebasar los 34 millones, ya que el contrato programa señala que los gastos de personal no pueden superar el 50% de los gastos totales. «La cifra de 37,5 millones que marca el comité es equivocada», señaló en el comunicado remitido.
La opción de reubicar a empleados en otros puestos de la administración tampoco se consideró como alternativa. El vicepresidente apuntó que no se puede recolocar a 136 trabajadores como funcionarios en otras áreas de la administración valenciana: «Contraviene la Ley de Función Pública». Para el Consell no es un ahorro, sino una transferencia de gastos. «Y por reducción al absurdo, los trabajadores de otras empresas públicas querrían lo mismo». Para el Consell, 900 empleados más 136 recolocados situaría los gastos de personal de nuevo por encima de los 1.000 trabajadores.
De la misma manera, las prejubilaciones tampoco son una opción para el Gobierno valenciano. Císcar sostuvo que la prejubilación de 155 trabajadores de más de 55 años «representaría un gasto de 25 millones de euros cuando el ERE de agosto significó un coste de 23 millones. Es más caro prejubilar que el proceso para despedir a 952 trabajadores», apuntaron desde la Generalitat.
Por todas estas razones, el vicepresidente del Consell remitió una carta ayer tarde al comité para comunicar que el Ejecutivo valenciano «mantenía el cierre». La respuesta del comité fue que no descartan recurrir a la vía judicial.
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