El Ayuntamiento de Valencia acuerda no aplicar el copago a los discapacitados y pide al Consell que lo revise

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy por unanimidad una moción en la que se acuerda no aplicar el copago en los centros municipales de atención a la discapacidad y pedir al Ejecutivo autonómico que revise el decreto en el que se estipula.

La moción, presentada por el PSPV y modificada por el equipo de Gobierno del PP, contempla "seguir prestando los mismos servicios en centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna de los usuarios, manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a las personas con discapacidad".

Sobre la posibilidad de que finalmente se obligue legalmente a los centros del consistorio a aplicar la ley, la alcaldesa, Rita Barberá, ha aclarado que el coste del servicio será asumido por las arcas municipales y no se repercutirá a los usuarios.

El debate de esta moción se ha iniciado con la intervención en el pleno de una mujer, madre de un joven con discapacidad intelectual que recibe asistencia en un centro subvencionado por la Conselleria de Bienestar Social, cuyos usuarios, ha asegurado, están abandonándolo ante la imposibilidad de hacer frente a los nuevos pagos exigidos.

En opinión de la concejal socialista Anaïs Menguzzato, "el copago es una losa más para los dependientes, que se añade a la de los fármacos, los productos ortoprotésicos o los impagos al personal de los centros".

La edil de Compromís Consol Castillo ha pedido que el pleno reclamase la derogación del citado copago "mientras no haya un acuerdo entre los profesionales del sector y la Conselleria".

También la concejala de Esquerra Unida Rosa Albert ha considerado "intolerable" que se recorten los derechos de quienes "parten de una situación de evidente desigualdad".

En respuesta a estas afirmaciones, la concejala del PP Ana Albert ha afirmado que fueron ejecutivos socialistas quienes implantaron el copago para mayores y personas con discapacidad en 2006, y ha criticado que la Ley de Dependencia se aprobase "únicamente por lucimiento político, sin conocer el número de beneficiarios y sin dotación económica".