Cinco detenidos por ofrecer 40.000 € por un hígado a inmigrantes e indigentes

Dispuesto a pescar en los caladeros de la miseria, con mucho dinero bajo el brazo y el instinto de supervivencia más básico como motor de su ilegal estratagema. Bajo esta combinación de elementos actuó un ciudadano libanés, alcalde de un municipio de su país, detenido en el aeropuerto de Manises cuando regresaba a España para someterse a una revisión de su hígado trasplantado. «No está claro que supieran que estaban haciendo algo ilegal», aseguraron ayer fuentes jurídicas. Pero como dice el precepto legal, 'la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento'.

El hígado que en estos instantes lleva en su organismo el libanés tiene una procedencia totalmente legal: un trozo de órgano cedido por su hijo de manera totalmente desinteresada hizo posible que el individuo comenzara a vencer al irreversible enfermedad hepática que padecía. Pero antes se había sumido de lleno en la ilegalidad. Con la ayuda de su sobrino, de otros dos familiares de la misma nacionalidad y de un conocido palestino habían urdido una trama para comprar un órgano en la Comunitat Valenciana. Hasta a nueve inmigrantes irregulares o indigentes les ofrecieron la suculenta cifra de 40.000 euros a cambio de dar una parte de su cuerpo al acaudalado hombre de negocios de Oriente Medio.

La operación jamás llegó a culminarse por incompatibilidad de los donantes o al saltar las alarmas del sistema sanitario. La ilícita donación no llegó a realizarse, pero, cómo señala el Ministerio del Interior, «el intento de comprar un órgano para trasplante y la realización de pruebas médicas a presuntos donantes potenciales con este fin es un delito en nuestro país, incluso en el caso de que el trasplante no haya llegado a realizarse». Ahora todos los arrestados -el alcalde libanés, su sobrino y el palestino siguen en España, libres pero sin pasaporte y obligación de comparecer periódicamente en el juzgado- se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel.

La investigación de la Brigada de Policía Judicial de Valencia comenzó en junio de 2012 y los arrestos se produjeron el pasado mes de enero. Pinchazos telefónicos y un secreto sumarial dictado por el juzgado de instrucción número tres han sido las herramientas empleadas para mantener hasta esta semana el hermetismo de la investigación.

«No sospechamos nada»

Los caladeros de la miseria en los que estaba dispuesto a pescar el magnate libanés, de 61 años, y sus secuaces era el de inmigrantes irregulares «sin recursos y muchos acostumbrados a dormir en la calle», según fuentes de la investigación. El alcalde viajó a España atraído por el afamado sistema español de trasplantes, número uno en el mundo. Y desde Valencia desplegó sus redes. Hasta a nueve personas -siete hombres y dos mujeres (una española, un rumano y el resto argelinos y marroquíes)- que aceptaron el trato les realizaron pruebas médicas para comprobar la compatibilidad de su órgano. Resonancias abdominales, TAC o volumetrías hepáticas fueron algunos de los estudios hospitalarios realizados a los candidatos. Por ellos, la trama pagó 12.000 euros a Quirón, la clínica de Valencia en la que se realizaron.

«Fueron pruebas comunes y que en ningún momento nos llevaron a sospechar de nada ilícito. Estamos a total disposición de la investigación judicial abierta para aclarar cualquier extremo», aseguraron ayer desde el citado centro médico. Los arrestados hacían pasar a los 'donantes' por turistas para no despertar sospechas. No obstante, como subraya la nota de la operación enviada por Interior, «la realización de pruebas médicas a presuntos donantes potenciales con este fin es también un delito en nuestro país».

Pero los planes del mandatario de Oriente Medio iban a torcerse. Las pruebas certificaron como 'idóneo' el hígado de un joven rumano que aceptó someterse a la intervención. El alcalde y el candidato se trasladaron al Hospital Clínico de Barcelona, pero los médicos «rechazaron de plano y al instante» la operación, como subrayó ayer el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, plenamente involucrado también en la resolución del caso. Los facultativos médicos sospecharon del trasplante al no constar en ningún documento que los dos hombres fueran familiares «y no acreditarse el carácter altruista de la operación».

Tolerancia en Oriente Medio

Las esperanzas del financiador se posaron entonces en una joven argelina de 28 años en situación irregular en España. Las pruebas médicas apuntaban a la compatibilidad entre sus hígados... hasta que el trasplante se descartó por estar la chica embarazada. Y aquí iba a llegar la ruina del magnate libanés y su banda. La mujer acabó confesando a una ONG de asistencia a inmigrantes que «un amigo de su esposo» le había ofrecido mucho dinero a cambio de su hígado. Y ese fue el hilo del que la policía empezó a tirar para desenredar la madeja del delito.

El alcalde libanés acabó logrando su ansiado trasplante, pero por la vía legal. Su hijo fue finalmente el donante. En el Líbano no fructificó por la corta edad del joven y la «poca práctica de estas intervenciones» en su país, como detalló Matesanz. Llevado por la «tolerancia que en Oriente Medio hay respecto al intercambio de órganos», según el responsable de la ONT, optó por la fracasada vía legal en España.

Al final logró materializar el trasplante con su hijo (completamente legal) en otro hospital de Barcelona. El libanés acabó en manos de la policía el pasado 30 de enero, cuando aterrizó en Manises para realizarse una revisión del hígado. Su sobrino libanés y el otro compatriota familiar cayeron poco después. Ambos regentaban una empresa de mármoles de Alicante a cuyo nombre se facturaron las pruebas médicas realizadas a los candidatos. Una tapadera del oscuro y lucrativo tráfico de órganos.