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PEDRO LÓPEZ
Domingo, 30 de marzo 2014, 11:40
El Gobierno ha resuelto de manera más o menos satisfactoria el problema de los planes de cuenca. Los acuerdos, como casi siempre que se trata de un recurso básico para las ciudades y para el campo como es el agua, no han dejado satisfechos a todos, al menos totalmente. Quizás, y sin que sirva de precedente, los regantes de la provincia de Alicante son los más satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta que podrían haber sido los grandes perjudicados de las pretensiones castellano-manchegas de cerrar los dos grifos que dan de beber (y de comer) a esta provincia. Por un lado, el trasvase Tajo-Segura corrió el serio peligro de perder 72 hectómetros anuales al reducir el Ministerio de 38 a 32 los hectómetros cúbicos mensuales para los abastecimientos y los regadíos en un escenario de normalidad hidrológica. Después de dos jornadas de negociaciones se consiguió mantener las cantidades incluidas en el Memorándum del Trasvase.
Superado el escollo del sur quedaba por superar el del norte, es decir, el Trasvase Júcar-Vinalopó. Las presiones y negociaciones, en este caso de la Generalitat, han permitido que la provincia de Alicante reciba de manera inmediata 27 hectómetros cúbicos de agua trasvasada. De esta cantidad, 12 hectómetros procederán de una toma distinta a la del Azud de la Marquesa y se destinará a abastecimiento humano. Este acuerdo implica la recuperación de la toma de Cortes de Pallas, que era la inicialmente prevista en el PHN y que el PSOE cambió cuando llegó al poder. Los otros 15 hectómetros llegarán desde el Azud de la Marquesa y se utilizarán para regadíos en la zona media del Vinalopó.
Desde mi punto de vista, aunque es Castilla-La Mancha la gran beneficiada, el acuerdo es bueno para la provincia en líneas generales en lo relativo a los dos trasvases.
Sin embargo, las manifestaciones realizadas después de la aprobación del Plan de Cuenca del Júcar revelan que a los regantes de la provincia de Valencia, cuando se trata de ceder caudales a los de la provincia de Alicante, se les olvida la solidaridad que piden a sus vecinos manchegos y la que pidieron, en su momento, a sus vecinos catalanes con el defenestrado trasvase delEbro.
El agua es un asunto de Estado con el que no hay que hacer ni demagogia, ni electoralismo, hay que hacer política. Y eso, en mi opinión, es lo que se ha hecho esta vez y, por eso, nadie está plenamente satisfecho. Los regantes alicantinos, que han sido un ejemplo de aprovechamiento del agua gracias a la modernización de los regadíos -algo que en otras zonas aún no han realizado-, tienen la mala suerte de estar enmedio de algunos que solo pretenden cerrar el grifo del agua y de la solidaridad. Por fortuna, los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó (cuando funcione) garantizan el futuro para uno de los motores de la economía de esta provincia que, no lo olvidemos, es a su vez uno de los impulsores del conjunto de la Comunitat Valenciana y del Estado español.
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