Advierte de la falta de «solvencia profesional» de Ortiz en materia comercial

El último escrito de alegaciones presentado por la mercantil Tejas Cobert ante la Conselleria de Infraestructuras y Territorio desglosa los motivos por los que, a su juicio, la actuación urbanística que promueve Alicante Avanza, bajo cuyo paraguas está el empresario Enrique Ortiz, no puede ser aprobada como Actuación Territorial Estratégica, la vía que han encontrado para tratar de atajar y acelerar la tramitación de la misma tras la anulación del plan Rabasa (aún no firme).

Entre otros motivos, la empresa alude a la «falta de solvencia profesional» de los promotores para desarrollar la ATE. Así, explican que Urbanika, el grupo de Ortiz, se ha dedicado hasta ahora a la promoción inmobiliaria, pero no a la comercial.

Uno de los requisitos para aprobar una ATE es, precisamente, la solvencia profesional de quien la promueve. En este caso, Tejas Cobert entiende que la ATE se ha presentado con Ikea como único compromiso de instalación sellado, dado que para el resto de usos (parque tecnológico y terciario vinculado) no hay ningún acuerdo cerrado. Por tanto, consideran que en estos momentos el plan es únicamente comercial y se debe exigir a los promotores experiencia al respecto.

En el texto hacen referencia en varias ocasiones a que los promotores tienen interés exclusivamente en Ikea y el macrocentro comercial vinculado y que, ni siquiera se ha conectado esta zona del sector con las demás, en concreto, la industrial y la zona verde de las lagunas.

De hecho, afirman que la inclusión de estas lagunas ya de por sí podría servir para invalidar la ATE, puesto que no aportan ningún valor estratégico, sino simplemente recreativo y que, si las han incluido es únicamente para ser propietarios mayoritarios de terreno.

Y consideran que tanto el eminente interés comercial como esta otra circunstancia son perjudiciales para los intereses de los propietarios minoritarios, que no van a ganar tanto, dado que sus terrenos valen menos, y además tendrán que afrontar los costes de urbanización disparados por los accesos que requiere Ikea.

Por ello, exigen que se redimensione el sector incluido en la ATE y se saquen de él los terrenos de las lagunas.

Por otro lado, destacan que la garantía hipotecaria a la que los promotores hacen referencia en su presentación de la ATE es la misma de 30 millones con la que avalaron el plan Rabasa. Un plan que, recuerdan, aún no está cerrado del todo porque está pendiente de recurso ante los tribunales. Por tanto, no podrían servirse de la misma garantía, según la ley.