La causa judicial genera una nueva crisis interna en las filas socialistas

La sombra de Rabasa es alargada. Parece complicado que el PSOE pueda quitarse fácilmente de encima la losa de haber contribuido a la aprobación del macroplan urbanístico de Enrique Ortiz y la sospecha, reforzada en el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el 'caso Rabasa', de que algunos de los entonces responsables del grupo municipal obtuvieron algo a cambio. Ello a pesar de los enormes esfuerzos que realiza el actual secretario general de los socialistas alicantinos, Gabriel Echávarri, por pasar página y demostrar que este PSOE no es el mismo que el de antes. En dicho informe de la UDEF, los agentes revelan que el exportavoz socialista, Blas Bernal, pudo haber recibido un regalo de Ortiz a cambio de su apoyo al plan Rabasa. Un velero que, aunque está a nombre del empresario, la Policía cree probado que, en realidad, pertenecía a Bernal.

Esta revelación generó ayer un nuevo tsunami entre las filas socialistas. Desde la Ejecutiva, Echávarri se apresuraba a aclarar que Bernal «no es un militante socialista desde el año 2008» y añadía que, si lo fuese, «sería suspendido». Respecto a la presencia de Ángel Franco en las conversaciones del 'caso Rabasa', matizaba que no ha sido imputado, pero era tajante: «Cualquier imputado será expulsado de las filas de mi partido, sea Ángel Franco o quien sea».

Volvía a reconocer que votar a favor de la aprobación inicial del plan fue «un error» pero dejó claro que la máxima ahora es «tolerancia cero a la corrupción, caiga quien caiga».

No obstante, los llamados concejales 'díscolos' no desaprovechaban la oportunidad para dejar caer sus críticas, algunas con expresiones muy duras, como Ana Paula Cid, que en una red social llegaba a decir que el partido es un «pozo de mierda».

Gabriel Moreno ya vinculó el 'caso Rabasa' con el partido el miércoles, antes de conocerse el informe policial, al publicar una foto de la votación del plan, con las manos de los socialistas levantadas, con un comentario: «De aquellos polvos vienen estos lodos».

Ayer, cargaba contra Echávarri: «Por denunciar la presunta corrupción dentro de mi partido, cuando dije que la candidatura de Echávarri estaba apadrinada por los personajes de la historia más negra de nuestro pasado reciente (Ángel Franco, Blas Bernal, Roque Moreno), fui expedientado y amenazado de expulsión», publicaba. «Exijo a todas las instancias de mi partido una investigación para depurar cualquier responsabilidad derivada de estos comportamientos indecentes», añadía.

Pronto le seguían María José Adsuar, que opinaba que la presunta implicación de Bernal en el 'caso Rabasa' y su vinculación a Echávarri es «un secreto a voces que cada vez sorprende a menos gente. ¿Alguien se acuerda de aquella foto de presentación de candidatura a la Secretaría General? (de Echávarri) Yo recuerdo que se dijo que el del barco habría sido un gran alcalde».

Y Alejandro Parodi, que no hacía comentarios, pero sí reproducía la noticia sobre el informe policial.

Tampoco las Juventudes Socialistas se quedaron calladas y exigían de inmediato «una investigación» sobre la posible responsabilidad del grupo socialista en la tramitación fraudulenta del plan Rabasa y reclamaban «contundencia» y «mano dura» contra los posibles implicados. «Queremos saber qué posición tomaba Ángel Franco en dicho grupo y por qué el empresario Enrique Ortiz habla de él como 'el que manda'», asegura el secretario de Juventudes Socialistas en Alicante, Toni Mira-Perceval.

«Es inadmisible que este tipo de prácticas se hayan dado en el PSOE y exigimos mano dura contra la corrupción. Es más, también exigimos mano dura contra la inmoralidad de las conversaciones con el empresario Enrique Ortiz», añaden.