La 'tela de araña' de Enrique Ortiz

El laborioso trabajo de tejer una tela de araña lleva al arácnido horas y horas, incluso días. Nada comparable con los años que cuesta levantar un imperio y establecer inmejorables relaciones con personas claves dentro de buena parte de las instituciones de una ciudad como Alicante, además de en otros muchos municipios de la provincia y también a escala autonómica, hasta los mismísimos despachos de la Generalitat.

Porque eso es precisamente lo que la unidad policial que investiga a Enrique Ortiz por los casos 'Brugal' y 'Rabasa' describe que hizo el empresario. Es decir, que se entregó en cuerpo y alma a consolidar un amplio entramado de colaboradores para obtener favores, en este caso, desde el Ayuntamiento de Alicante en beneficio de sus propios intereses, con la edil de Urbanismo y a la postre alcaldesa, Sonia Castedo, como presunta pieza principal del engranaje ideado por el constructor.

La imputación de Castedo ha sorprendido a pocos. El titular de Instrucción 6 de la capital, Juan Carlos Cerón, apunta a que la regidora pudo cometer delitos de prevaricación y tráfico de influencias por prestarse a los presuntos tejemanejes del industrial. Así al menos se desprende del informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante. Un documento, ya obrante en autos, que desentraña una a una las funciones de cada eslabón de la cadena confeccionada para allanar la llegada de Ikea y obtener todo un 'pelotazo'.

«Venga bombón», se despedía la alcaldesa de un Ortiz que le dedicó un «beso» antes de cerrar, en junio de 2009, una de las múltiples conversaciones recopiladas por los agentes. Castedo ha renegado años después de la amistad «íntima», según los investigadores, con el presunto corruptor. Sin embargo, él a ella le confiaba movimientos que al exalcalde Luis Díaz Alperi, quien la UDEF cree que manejaba políticamente Rabasa desde fuera del Ayuntamiento, no conocía.

Esta charla, la del «bombón», versaba sobre la inclusión del presunto corruptor en la zona VIP de las Hogueras tras maquinar para poner en la picota a Ángel Luna. Al socialista, a éste en concreto, lo tenían marcado como enemigo por recurrir el Plan General ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El premio no era nada despreciable, casi cien millones de euros, muchos de ellos abonados por adelantado por la multinacional sueca del mueble. Pero para ganar tanto dinero, el auspicio de la regidora resultó fundamental, a juicio de los investigadores. Ikea, por su parte, obtuvo un ventajoso convenio con Ortiz y el Ayuntamiento, cuyas condiciones, en palabras de la UDEF, eran «leoninas» a fin de poder conservar los aprovechamientos terciarios del suelo de Rabasa.

Los agentes achacan al constructor argucias, maniobras de «ingeniería urbanística» y la aportación de generosas dádivas para alcanzar sus metas. Un hilo tras otro, unos de mayor calado que los demás, pero todos jugaron un papel necesario para que el Consistorio, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento dieran el visto bueno al macroproyecto en las Lagunas de Rabasa, todo un paraje abandonado llamado a ser el escenario para colocar 13.500 viviendas, una importante superficie comercial y la deseada, por muchos ayuntamientos de la provincia, Ikea.

Su mano en el Ayuntamiento alicantino, según se refleja de las escuchas policiales, era tal que podía marcar la agenda municipal para poner en marcha, por ejemplo, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para allanar Rabasa. «Lo único es que habrá que hacer un Pleno más. Pero no había otra fórmula para que fuera rápido», aseguraba a Luis Díaz Alperi, de cuya imputación deberán pronunciarse las partes, tras el cónclave que mantuvieron ambos y Castedo con responsable de la multinacional. Una cita que el Grupo de Delincuencia Económica captó perfectamente con su videocámara en un restaurante alicantino.

Los involucrados en la supuesta trama tejida por Ortiz deberán explicar al juez si, como recogen las escuchas policiales, actuaron para el beneficio del que también es dueño del Hércules. Para empezar, Enrique Sanus Tormo, gerente de Urbanismo, quien, según sostiene la Policía, se plegó a los intereses del empresario, a cambio, presuntamente, de unas tarjetas de aparcamiento gratuitas.

«Si hay alguna pega te llamo», le constata Sanus al dueño de la firma Cívica y el grupo de empresas, quien no duda en recordarle que ante cualquier contratiempo «me llamas para que hable yo con la alcaldesa», el 12 de noviembre del 2008. El gerente se muestra complaciente con él, pero le apremia durante otra conversación de marzo de 2009 para que «no te olvides de la tarjetita» del aparcamiento de Alfonso X El Sabio, propiedad de Ortiz.