La oposición acorrala a la primera edil mientras su equipo de gobierno dice que todo sigue igual

No va a ser un Pleno fácil para el PP el que se celebrará el próximo martes en el Ayuntamiento de Alicante. La oposición ha preparado toda su artillería para que el tema central de la sesión ordinaria sea la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, en el 'caso Rabasa', sean cuales sean los demás asuntos del orden del día.

Dos mociones de los grupos socialista y de EU obligarán a los ediles populares a dar la cara y decir públicamente si creen que Castedo debe dimitir o si hay que recusarla por su relación con el empresario Enrique Ortiz.

De cara a la galería el silencio y los apoyos a la primera edil son la norma en el equipo de gobierno. De hecho ayer la portavoz, Marta García-Romeu, aseguró que la situación de la alcaldesa «no está afectando a la gestión del ejecutivo municipal en absoluto».

La edil lamentó también que «hace mucho tiempo» que parece que «el concepto imputación es otro del que marca el Código Penal», apeló al «derecho a la presunción de inocencia» y consideró que la decisión de dimitir o no «es personal».

Además, como concejal de Urbanismo, dijo que no se van a adoptar medidas contra la jefa de servicio Isabel Campos, imputada en el 'caso Rabasa', ni a apartarla de su puesto, por el momento.

Pese a este apoyo, no son pocas las voces que han manifestado en privado su malestar por la situación en la que la nueva imputación de Castedo ha situado al equipo de gobierno del PP. Ahora no tendrán más remedio que decidir si hacen público este malestar o le muestran abiertamente su respaldo.

La moción de EU pide la dimisión inmediata como alcaldesa y concejal de Castedo, así como que los también imputados Enrique Sanus e Isabel Campos sean apartados de forma cautelar de sus actuales funciones. «No puede ser que aquí no pase absolutamente nada tras el auto de imputaciones firmado por el juez que instruye la pieza de Brugal del plan Rabasa. Aquí tiene que haber dimisiones y suspensiones de funciones», destacan.

Reclaman también una comisión municipal de investigación sobre el presunto amaño del plan Rabasa que esclarezca las responsabilidades políticas y municipales.

Por su parte, los socialistas llevan una propuesta para pedir la recusación de la alcaldesa Sonia Castedo e impedir que participe en futuras decisiones que se tomen en el Pleno y que afecten a cualquier interés del constructor Enrique Ortiz Selfa o a cualquiera de sus empresas, dada la «evidente amistad entre ambos». Una recusación que ya ha pedido en varias ocasiones con anterioridad EU y que ha hecho a la alcaldesa evitar algunas juntas y votaciones.