El 'president' defiende que la actuación de Ikea no tiene que ver con el Plan Rabasa

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra , sostuvo ayer que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea en Alicante «no tiene nada que ver» con el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Rabasa, sobre los que la oposición recordó que recaen sospechas de irregularidades. Fabra hizo estas manifestaciones durante la sesión de control en Les Corts en respuesta al portavoz del grupo de Compromís, Enric Morera, sobre si el Consell se planteaba suspender la tramitación de la ATE que considera relacionada con los planes urbanísticos investigados.

El jefe del Ejecutivo acusó a Morera de «confundir a los ciudadanos» y aseguró que «no es verdad», como afirmó el portavoz de Compromís, que se haya aprobado la ATE de Ikea, sino que «se ha iniciado la tramitación» y el proceso será «transparente y legal», y recalcó que no se pueden negar a una inversión de 750 millones y 4.000 empleos.

El 'president' apuntó que han pedido un informe a la Abogacía de la Generalitat para estar «absolutamente seguros de estar actuando bien» y añadió que si cumplen todos los requisitos tendrán que darle la licencia, porque lo contrario sería «prevaricación» y esa palabra no le gusta.

Morera, en cambio, insistió en que un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) «considera que son lo mismo» y que la ATE continúa el Plan Rabasa, que ha sido «tumbado» por la justicia y acusó al Consell de «parálisis» ante el «problema de corrupción» en Alicante. Según Fabra la ATE y el PGOU y el Plan Rabasa «son procedimientos diferentes» y argumentó que la colaboración del Consell con la justicia «va a ser permanente» y que su grupo parlamentario y el Gobierno «no tienen nada que ocultar».

«La ATE puede generar empleo y actividad económica si cumple con los requisitos», agregó, a la par que incidió en que su gobierno «toma todas las medidas necesarias para mantener la honorabilidad de las instituciones».

El diputado de Compromís recordó que la UDEF dice que hay «actividad delictiva sostenida» por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi en la que se favorecieron intereses particulares de Enrique Ortiz y presuntas irregularidades del Plan Rabasa. «Ante esto no ha hecho nada y está en juego la autoridad, no de Alberto Fabra , sino del 'president' de la Generalitat», expuso Morera, quien incidió en que hay «un grave problema de corrupción en las instituciones y parálisis del gobierno; no sabemos dónde está su línea roja».

«No puede dejar que la mafia continúe controlando el urbanismo de Alicante y si puede actuar por qué no lo hace, por qué liga su futuro al de una imputada dos veces», agregó en alusión a Castedo.