El TSJ obliga al Consell a revelar los gastos de la caja fija desde 2006

La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado un recurso de Compromís y ha obligado a la Generalitat a entregar a este grupo parlamentario de Les Corts las facturas de gastos pagados con la caja fija -una provisión de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente regulada por decreto y que debe cumplir determinadas condiciones (como dietas, gastos de locomoción, etc)- del Gobierno valenciano desde al año 2006, informa Europa Press.

La sentencia, con fecha 7 de octubre y facilitada este jueves por Compromís a los medios de comunicación, explica que la portavoz adjunta de la coalición, Mònica Oltra, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la denegación por parte del Consell, en julio de 2013, de las facturas y justificantes de gastos realizados a cargo de partidas de caja fija de la Generalitat desde 2006.

La Conselleria de Hacienda y Administración Pública advirtió en su día de la «enorme dificultad» de aportar la documentación solicitada si no se especificaban las facturas concretas requeridas. Así, un informe del subdirector general de Aplicaciones y Administración Electrónica, Rafael Valcárcel, hablaba de casi tres millones de facturas y, asimismo, ponía de manifiesto «la dispersión de su archivo por diversas circunstancias».

En esta misma línea, el ministerio fiscal consideraba que no se había producido una vulneración de derechos fundamentales por lo que entendía que debía desestimarse la demanda por ser ajustada a derecho la respuesta del Consell solicitando «concreción» en cuanto a las facturas y por tratarse de una petición «ambigua y difusa».

Sin embargo, el TSJCV señala que el «ingente» número de facturas solicitadas por la diputada de Compromís «constan registradas en los sistemas informáticos» del Consell, lo que implica «la posibilidad de soporte informático» para facilitar estos documentos, sin necesidad de «un gran número de funcionarios durante un gran número de horas dedicados a ello».

Asimismo, añade que el hecho de estar registradas informáticamente y abarcar la petición a todas las facturas correspondientes al período de tiempo señalado y de todas las Consellerias «hace innecesaria labor de selección alguna, simplificando la búsqueda».

En este sentido, el TSJCV considera que la respuesta de la administración es «una negativa encubierta». «Siendo legítimo el argumento de la dificultad que esgrime, es la misma a quien corresponde proponer soluciones a dicha dificultad y, por tanto, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada», señala.