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Martes, 30 de diciembre 2014, 00:48
Un total de 22 forenses han suscrito un informe médico en el que se alerta de los riesgos para la salud derivados de un transformador eléctrico existente en el Palacio de Justicia de Alicante y han expresado a la Generalitat su negativa a ocupar sus puestos de trabajo si éstos son ubicados sobre esa instalación tras la reforma integral del edificio. Intersindical Justicia sostiene que el anteproyecto de reforma de estas instalaciones sitúa las oficinas del Instituto de Medicina Legal de Alicante (IMLA) en el lugar de donde ya se marchó Primera Instancia 9 por problemas de salud de varios trabajadores. Otro sindicato, STAJ, ya alertó en junio sobre el posible foco de enfermedad del generador eléctrico, tal y como publicó este diario. Estas obras serán adjudicadas el próximo mes de febrero y comenzarán en marzo, según anunció ayer el presidente del Consell, Alberto Fabra.
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