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L. CANDELA
Sábado, 17 de enero 2015, 00:15
Apagón telefónico en el juzgado. El interrogatorio a la exalcaldesa por las presuntas irregularidades con la tramitación del Plan Parcial las Lagunas de Rabasa quedó en cierto modo descafeinado por la imposibilidad de poder escuchar los 'pinchazos' telefónicos intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El juez Juan Carlos Cerón había dictaminado a comienzos de semana una providencia para contar con la presencia de un técnico que permitiese la reproducción de las escuchas sin problemas, algo que no se pudo llevar a cabo.
Según indicaron fuentes jurídicas, la petición judicial hecha a la Conselleria de Justicia obtuvo respuesta ayer mismo, y fue negativa. La no disposición de técnicos para la ocasión supuso un traspié para los intereses de las acusaciones, quienes hubiesen preferido que Castedo se explicase sobre lo que en su día dijo.
Y es que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, llegó al Palacio de Justicia acompañado por su colega Pablo Romero, quien se encarga de las investigaciones sobre presuntas corruptelas en la Vega Baja, y un buen montón de hojas. Según indicaron fuentes del Palacio de Justicia, muchas de las preguntas de la acusación pública sobre el caso debían ir acompañadas de las escuchas telefónicas, pues ponen en evidencia las justificaciones de la exalcaldesa.
Aún con todo, el Ministerio Público optó por no aplazar el interrogatorio, lo que habría dilatado más si cabe un proceso que ha sufrido continuos estancamientos. Así, Briones pudo preguntar, al igual que el juez, leyendo parte de las transcripciones de la Policía, lo que evitó nuevas dilaciones. Los representantes de Esquerra Unida y PSPV-PSOE, letrados de las acusaciones populares, sí que mostraron su descontento con la situación.
Mientras, el hecho de que Castedo decidiese no responder a estos togados motivó que el portavoz de la ejecutiva socialista, Lalo Díez, lamentase que sí vaya «a la televisión a decir que no tiene nada que esconder pero en el juzgado, que es donde tiene que dar las explicaciones, se niega a contestar a las preguntas de la acusación popular».
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