Un proyecto amparado por Castedo y que Valor empezó a poner en duda

Alicante Avanza, heredera de Viviendas Sociales del Mediterráneo, la promotora del plan Rabasa, presentór su propuesta de Actuación Territorial Estratégica (ATE) para el sector en noviembre de 2013, poco después de que los tribunales empezasen a emitir sentencias contra el primer plan, que finalmente acabaron con la anulación definitiva.

En el proyecto de ATE, el constructor Enrique Ortiz y sus socios eliminaron todas las viviendas que incluía el plan Rabasa y las sustituyeron por superficie terciaria en su totalidad. La mayor parte comercial, incluyendo un macrocentro de 125.000 metros cuadrados en el que se enmarcaría Ikea, una zona de instalaciones terciarias complementarias, como hoteles y oficinas y un parque tecnológico. Además de un gran parque periurbano en torno a las lagunas.

Se trata del proyecto que más beneficios podría reportar a Ortiz y los suyos, dado que gracias a modificaciones previas del Plan General de Ordenación Urbana, que permitieron instalar en Rabasa grandes superficies comerciales antes vedadas, podrían vender a precio de oro este suelo. Por eso llevan peleando por él varios años, en diferentes versiones.

Este planteamiento fue acogido con entusiasmo por el equipo de gobierno de Sonia Castedo. Desde Urbanismo y Alcaldía se aferraron la presunta capacidad de generación de puestos de trabajo para defenderlo de las críticas de los comerciantes y de la oposición, que llevó a Pleno varias veces mociones para tumbar el proyecto, que fueron vetadas.

Sin embargo, algo cambió cuando accedió a la Alcaldía Miguel Valor, en sustitución de Castedo. Por primera vez el equipo de gobierno local se mostraba proclive a cuestionarse y revisar el proyecto presentado por Ortiz y su impacto en la ciudad.

El resultado fue la puesta en marcha de un proceso participativo para elaborar las alegaciones municipales a la ATE, que concluyó con multitud de informes técnicos que revelaban lo que muchos les venían diciendo desde hacía años, que el proyecto, tal y como estaba planteado, no solo sería nefasto para el comercio existente, sino también para la ciudad, ya que sería «una isla» que la «vaciaría». Alegaciones que se presentaron al Consell en tiempo y forma.