El 'número tres' de Presidencia dimite en 24 horas por el escándalo

El 'caso Acuamed', la presunta trama de comisiones por obras en la empresa pública del Ministerio de Agricultura, se llevó ayer por delante al primer alto cargo político salpicado por estos hechos, 24 horas después de que trascendiera su supuesta implicación. Se trata del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, quien presentó su dimisión para defender su «honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad» durante su anterior cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, donde ocupó la cartera de secretaria de Estado desde diciembre de 2011 hasta junio de 2015.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de que el Consejo de Ministros acordó aprobar el cese a petición propia de Ramos de Armas. Se trata de un madrileño de 42 años, perteneciente al cuerpo de Abogado del Estado, como la vicepresidenta, desde 2001, y que cuenta con una dilatada experiencia en la administración regional (Comunidad de Madrid) y central, casi siempre con gobiernos del PP y vinculado a cuestiones medioambientales.

La supuesta implicación de Ramos de Armas en el 'caso Acuamed' llegó después de que varios exempleados de la empresa pública aseguraran ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso, que el alto cargo participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una «compensación indebida» de 40 millones de euros a la constructora, que luego se consignó en los presupuestos de 2015, según fuentes jurídicas. Antes de que se conociera su dimisión, el PSOE pidió explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno y registró una solicitud de comparecencia en el Congreso del propio subsecretario de la Presidencia, 'número tres' de la cartera, «para dar cuenta de su implicación en el caso del supuesto fraude».

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ordenó investigar todos los contratos de Acuamed que están en el juzgado de la Audiencia Nacional y «buscar en cada rincón del ministerio la mas mínima irregularidad». «Soy la más interesada en que todo esto se aclare», señaló García Tejerina, quien aseguró que en estos casos hay que ser «inmisericorde» con los que hayan cometido delito, y subrayó que el cese inmediato del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue lo más rápido que se pudo hacer.

Encuestas y facturas

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que investigará si ha habido «algún tipo de contratación» por parte del anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal con el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, propietario de una empresa de encuestas electorales.

El supuesto pago irregular comienza en una inundación en la desaladora del bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que FCC cubriera los desperfectos, como debería haber hecho dado que existía un seguro a todo riesgo contratado en previsión de posibles daños. A cambio cerró un acuerdo por el que Acuamed se comprometía a abonar ella misma un 40% y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60%, prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras. El proyecto elegido para ultimar el plan fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a «diseñar» pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada. La operación se saldó con la detención esta semana de 13 personas, cinco de las cuales están en prisión incondicional.