Viajes en yate por valor de cien mil euros y regalos por favorecer la adjudicación

Las comilonas en caros restaurantes entre los imputados por presunta corrupción en el 'caso Brugal' significaron menudencias para las presuntas dádivas obtenidas por el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll por auspiciar el gran pacto entre Enrique Ortiz y Ángel Fenoll para hacerse con el control de las basuras de la Vega Baja, como sostiene la instructora de la pieza separada. A comienzos de 2008 se acordó al fin la adjudicación del Plan Zonal. Ortiz y Cespa ganaron el concurso y Proambiente entró a formar parte de la gestión.

Para que todo saliera rodado, los presuntos corruptores encontraron en la Diputación de Alicante la mejor forma de saquear las arcas públicas a costa de la gestión residual, como se deduce del sumario. Por ello, contaban con informantes de cada paso que se daba en la Mesa de Contratación, que siempre optó por adjudicar a Ortiz el proyecto. Entre los topos, la juez señala al entonces portavoz del PSPV-PSOE en la institución provincial, Antonio Amorós, al exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Valenciana Vicente Pedro Gomi, y los técnicos de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada designados.

A Amorós se le relaciona con unas llamadas entre varios de los investigados en los que aseguran que «quiere tocar más billetes», pues vio la posibilidad «de que le toque la lotería». Y no era para menos, con la de dinero que debía mover un contrato de veinte años. Mientras, otros recibían «cajitas» de unos «amigos de Orihuela», como el que Rafael Gregory entrego a la mujer de Ripoll en diciembre de 2008, como reflejan las pesquisas.

De ahí que el cargo público más agasajado fue, supuestamente, Joaquín Ripoll. De hecho, para celebrar la adjudicación, los investigadores registraron varios viajes a Ibiza y a Palma de Mallorca en el yate de Ortiz a gastos pagados por valor de 70.142 euros y 34.215 euros. Además, el expresidente provincial, al parecer, tenía vistos unos pisos en la calle Benito Pérez Galdós.

La juez achaca al expresidente del Partido Popular en la provincia de Alicante un «abuso de su cargo» durante el transcurso de las negociaciones y lo señala como el principal bienhechor de todas las operaciones, entre las que se incluía demorar cualquier paso o el cambio de terrenos para ubicar la planta. Además, ejercía su papel de líder, a tenor del auto notificado ayer a las partes. Si bien Ángel Fenoll había salido ganado con la operación pese a no llevarse el contrato, este debía aportar a la causa. Para ello, 'el jefe' exigía la compra de 'Canal 37', la televisión alicantina que finalmente quebró.