La Diputación intentará bloquearlo en los juzgados tras la aprobación casi definitiva

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, anunció ayer que la institución recurrirá a la Justicia para defender los intereses turísticos de la provincia alicantina después de que la comisión mixta entre Generalitat y la Federación de Municipios y Provincias (FVMP) aprobara el decreto de coordinación en materia turística, con los votos en contra de Alicante, Castellón y la alcaldesa de Benicassim. La mayoría del Consell en este órgano decantó el sentido de la votación a favor del informe.

Dolón intentó presentar un texto alternativo y pidió la creación de una mesa de diálogo para solventar algunas dudas que aún mantiene la Diputación, pero se le negó. «El actual texto no nos garantiza que la Costa Blanca esté en el lugar que le corresponde», manifestó el responsable del Patronato provincial en declaraciones a este periódico.

En este texto alternativo, que finalmente no salió adelante, la Diputación pedía la incorporación al consejo coordinador de los alcaldes de municipios representativos, como pudiera ser Benidorm, algo que sí recoge el documento sobre deporte. Tampoco salió adelante esta modificación.

El vicepresidente de la Diputación alicantina mantiene más dudas sobre la capacidad del gobierno provincial para decidir, por ejemplo, sobre la promoción de eventos como la Vuelta Ciclista a España o las instalaciones deportivas. Insistió en que «este decreto quiere acabar con las marcas Costa Blanca y Benidorm, destinos de referencia internacional por los que hemos trabajado durante más de 30 años y que son fruto del esfuerzo personal y económico de muchos empresarios a los que, desde el Patronato Provincial, hemos apoyado, escuchado y ayudado».

No obstante, desde la Generalitat Valenciana apuntaron que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, dejó la puerta abierta a hacer modificaciones en el consejo cuando se ponga en marcha. «Se trata de un espacio de encuentro, no de hegemonía», manifestaron fuentes de Presidencia a este mismo periódico.

Dolón continuó a la salida de la reunión apelando al «consenso, al diálogo y al trabajo conjunto entre administraciones», pero concluyó que este decreto «pone en peligro la autonomía de nuestros municipios y esconde un trasfondo político», algo que desde la Generalitat negaron.