Una carrera empresarial bajo la sospecha de la corrupción

Siempre bajo sospecha y perseguido por las causas judiciales desde hace una década. Enrique Ortiz vive en medio de un cerco que cada día se estrecha más y, seguramente debido a ello y en aras a evitar ingresar en prisión, ha optado por reconocer que delinquió para aupar al PP a la victoria en las elecciones generales del año 2008. Hasta 348.115 euros habría puesto de su bolsillo para garantizar que no faltara de nada durante la campaña.

El beneficio de esa inversión tendría que llegar luego en forma de jugosos contratos públicos, como sostienen las acusaciones. Sin embargo, no es este el único asunto por el que el magnate alicantino deberá sentarse en el banquillo. Tampoco es el caso por el que se enfrenta a una mayor pena de prisión.

En la 'macrocausa' por corrupción que investigan varios juzgados alicantinos, el empresario se encuentre en el centro de las acusaciones y señalado como el presunto corruptor de los responsables del Ayuntamiento de Alicante. Considerado como el cabecilla del 'caso Brugal' en su vertiente urbanística, dos son las piezas que aguardan a que concluya la instrucción y se manden definitivamente a juicio.

Mientras, si por la financiación ilegal del PPCV ha logrado rebajar la petición de condena a año y tres meses entre rejas, mucho deberá trabajar para que el Ministerio Público reduzca los 17 años de prisión que le reclama Anticorrupción por los presuntos amaños del Plan Zonal de la Vega Baja para la gestión de los residuos. Cohecho continuado, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación o fraude son algunos de los cargos que le atribuyen.

Ortiz pudo ser el gran beneficiado con la gestión de las basuras de 27 municipios de la Vega Baja por la mediación del entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, que fue su gran valedor.

Todos ganaban: Ortiz se hacía con una adjudicación por veinte años de un negocio siempre rentable y Ripoll disfrutó de unos paseos en yate privado y cerca estuvo de conseguir unos pisos en el centro de Alicante a coste cero, siempre según la versión de la Fiscalía Anticorrupción. Gracias a la irrupción del Ministerio Público y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se tumbó la licitación.

Lejos de la basuras y más centrado en su faceta como constructor, Ortiz está acusado de entregar regalos a Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcaldes del PP en la capital alicantina, a fin de conocer los planes urbanísticos del Ayuntamiento mientras se tramitaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para ganarse el favor de los responsables públicos, el promotor supuestamente agasajó con viajes a los exmunícipes y hasta con un coche a la también imputada (ahora investigada) por estos hechos.

Similares son las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital para averiguar si el Consistorio de Alicante benefició al magnate a la hora de adjudicar la construcción de más de 13.000 viviendas con la llegada de Ikea a Rabasa.

Entretanto, Enrique Ortiz protagonizó algún escarceo con quienes le investigaban al ofrecer su «máxima colaboración» a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Alicante a comienzos del pasado 2015. Tal vez, esperaba rebajar las acusaciones que pesan sobre él de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Entonces, los investigadores informaron al instructor del caso de las conversaciones que resultaron «del todo infructuosas».

Pese al intento de acercamiento en estos casos, las líneas de defensa de Ortiz han sido muy diferentes a la seguida ahora por la pieza de la 'Gürtel', ya que la acusación se basa en los 'pinchazos' telefónicos, cuya nulidad ya solicitó.

De hecho, la acusación popular que ejerce Esquerra Unida del País Valencià ve «difícil» que Ortiz confiese confiese la comisión de delitos, aunque no lo descarta.

El fisco también tiene en el punto de mira a uno de los principales constructores de la capital alicantina. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria desembocó en la denuncia de la Fiscalía que ha terminado por sentarlo en el banquillo de los acusados. En enero de este año debió arrancar la vista por el 'caso Hansa', pero distintas vicisitudes del momento obligaron a retrasar el juicio al 21 de junio, para cuestiones previas, y del 4 al 8 de julio de este 2016.

El Ministerio Público le reclama tanto a él como a su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, y a los empresarios Miguel Ballester y Vicente Pérez Cañas una pena de cuatro años y medio de cárcel.

Además, el representante del fiscal les exige multas de diez millones de euros por un presunto fraude de seis millones de euros con una operación inmobiliaria. La operación, según la describe la acusación pública, habría consistido en formalizar contratos de alquiler de nueve fincas rústicas para enmascarar que en realidad estaban destinadas a su venta para evitar el pago de los preceptivos tributos.

Esta será la segunda ocasión que se podrá ver al promotor sentado en la bancada del presunto delincuente. Antes, en julio del año 2014, Ortiz debió rendir cuentas por uno de los flecos del 'Brugal'.

Cuando los agentes de la UDEF pasaron horas registrando sus oficinas de Cívica en la Avenida Alfonso El Sabio, en una de las estancias, en el interior de una caja fuerte, los investigadores hallaron una pistola en julio del año 2010.

Lo acabaron acusando por un delito de tenencia ilícita de armas, pese a que el industrial alegó en el juicio que «odio las armas». Junto a él se sentaron Miguel Carratalá, Luis Perea y Vicente Ferrándiz, todos de su estrecho círculo empresarial. Sobre este último recayó la pertenencia del revólver Smith & Weston del calibre 38, pero el delito estaba prescrito y todos fueron absueltos.

Por lo que respecta a las causas del Plan General y Rabasa de Alicante todavía queda camino por recorrer hasta que se pueda celebrar un juicio. Sin embargo, por la otra pieza del 'caso Brugal', la del Plan Zonal de residuos, la vista podría señalarse para dentro de más de dos años y medio.