El tripartito de Alicante revisará si hay vinculación con los contratos locales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante destacó ayer su «preocupación» por si alguno de los contratos que fueron adjudicados a Enrique Ortiz por las anteriores Corporaciones populares tuvieran algo que ver con la financiación ilegal de este partido e investigarán las posibles irregularidades. El tripartito que regenta el Consistorio capitalino (formado por PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) está también «muy atento» al proceso judicial del 'caso Gürtel' «por si pudiera concluirse algún tipo de conexión entre la financiación ilegal del PP y los contratos municipales adjudicados a Ortiz», según indicó el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Además, en caso de que Enrique Ortiz sea finalmente condenado por esta causa (está investigado también en los casos PGOU y Rabasa en la ciudad), revisará «todos los contratos que mantiene con el Ayuntamiento para tratar de ver si legalmente se pueden desvincular». Por lo pronto, los socios de gobierno se reunirán el próximo miércoles con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, y Cespa (Ferrovial), socios de Enrique Ortiz en la UTE adjudicataria de la contrata de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, UTE Alicante, para exigir que rompan relaciones con la mercantil de Ortiz.

El empresario es el mayor contratista que mantiene en estos momentos el Ayuntamiento. Durante años ha sido el adjudicatario de las mayores contratas públicas del Consistorio alicantino, como la de limpieza viaria y la de dependencias municipales y colegios. Todavía mantiene prorrogada esta última sin contrato desde hace más de un año, al no haber salido ningún nuevo concurso.

Al respecto, los socios del equipo de gobierno informan que los trabajos de la comisión sobre el rescate de contratas «están ya en su recta final» para conseguir acabar con las facturas fuera de contrato que el Ayuntamiento está pagando a Ortiz. Califican como «insoportable» que el empresario siga trabajando para el Ayuntamiento después de que haya admitido ante la Audiencia Nacional las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de financiar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008. Exigen al Partido Popular, tanto de la Comunidad Valenciana como de Alicante, que pida perdón por haber acudido «dopado» a las elecciones de 2007 y 2008.