Las macrocausas, las primeras en pedir la declaración de complejidad

La llegada masiva de causas a revisar ha sido incesante en estos últimos seis meses. Sin embargo, los grandes asuntos como las macrocausas de corrupción pendientes de concluir su instrucción fueron los que rápidamente se presentó su declaración de complejidad y poder prolongar la instrucción durante otros seis meses. Así quedó patente con la petición de la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de este año, pocas semanas después de la entrada en vigor en diciembre anterior de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reformada, del caso que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El instructor de esta pieza separada del 'caso Brugal', nacido de las irregularidades de las basuras de Orihuela, acordó la complejidad en función, sobre todo, de dos aspectos: el número de imputados, pues el procedimiento arrancó con una veintena, y las muchas vicisitudes de un sumario que ha sufrido diversos parones desde el año 2010.

Diferente suerte corrió la investigación paralela que se sigue, aunque se encuentre en suspenso, en el Juzgado de Instrucción 6 al respecto del 'caso Rabasa'. El fiscal Felipe Briones reclamó aumentar el período de instrucción, sin éxito. El juez responsable del asunto dictó un auto en que, además de denegar la petición, cerró provisionalmente la investigación.

Amén de los asuntos de presunta corrupción política, la provincia cuenta con un buen número de procedimientos con bandas organizadas implicadas. Las cifras de la Audiencia Provincial sitúan en alrededor del centenar las macrocausas que se registran anualmente, investigaciones para las que se han precisado los 18 meses de instrucción.