La FVMP lo toma como «un ataque a la autonomía local»

La respuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a las exigencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se hizo esperar. La FVMP mostró ayer su indignación a las cartas que el Ministerio envió a los ayuntamientos después de que obligara el cierre automático de empresas públicas deficitarias de la Comunitat con un plazo de quince días. De «un ataque directo al principio de autonomía local» lo definió la FVMP el contenido de los escritos de Montoro.

La institución también se mostró crítica porque Montoro no contempla «cómo esta ley afecta a infraestructuras, personal y servicios públicos de la ciudadanía». Asimismo, la FVMP cuestionó que este requerimiento «cumpla el principio de seguridad jurídica que debe regir toda actuación administrativa», pues entiende que deja un escenario de «indefensión» a las entidades locales.

El presidente del organismo, el eldense Rubén Alfaro, también expresó su descontento por la medida adoptada. A su juicio, Montoro ha demostrado «una vez más el poco el respeto que tiene a los ayuntamientos». En este sentido, el responsable anunció su apoyo a los municipios afectados, así como su disposición a denunciar la posible resistencia.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias se reunirá hoy con la Administración Local y el Consell para calibrar las posibilidades de presentar un nuevo recurso. Por su parte, el portavoz del PSPV en les Corts, Manolo Mata, instó ayer al Gobierno a que paralice la orden de disolución de las empresas públicas hasta que el Supremo se pronuncie al recurso presentado por los ayuntamientos. El socialista también censuró la actitud de Montoro y lamentó que el mayor déficit «es tenerlo como ministro» por lo que le pidió que se «disolviera a sí mismo».

«Cuando Bruselas le aprieta a él por su malísima gestión, lo que hace es ahogar a las pequeñas administraciones que cada día tienen relación con los vecinos», subrayó.

Juan Carlos Moragues, el delegado del Gobierno en la Comunitat, defendió ayer que la medida sólo persigue cumplir con las obligaciones del déficit impuestas por Europa. Aseguró que esta medida nunca afectaría a «los servicios básicos esenciales y, que en ningún caso, se va a poner en duda el servicio público.