El Estado podría empezar a pagar préstamos de Castor en diciembre si sigue cerrado

Valencia. La situación del proyecto Castor es cada vez más enrevesada y, según han ido produciéndose los acontecimientos, todo hace indicar que será el Estado español quien tenga que pagar el coste de la planta de gas si definitivamente se detiene.

Según confirmaron varias fuentes a LAS PROVINCIAS, los promotores de la plataforma tenían previsto que estuviera operativa el 30 de noviembre, algo que viene reflejado en una carta que ha recibido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde varias organizaciones y en la que se advierte que es en ese instante se debe empezar a pagar a quienes adquieron los bonos.

Para iniciar el proyecto, se firmaron créditos con 19 bancos. Sin embargo, como explica Mónica Guiteras, perteneciente al Observatorio de la Deuda en la Globalización (uno de los firmantes del escrito) en verano pasado «la deuda se refinanció con la emisión de bonos (en la bolsa de Luxemburgo) de una empresa creada a propósito para ello, Watercraft Capital S.A».

En una idea novedosa, «en la que el Castor fue el proyecto piloto», el BEI emitía bonos por valor de más de 1.400 millones, el coste de la planta de gas. Además, «para hacerla más atractiva, él mismo compró 300 millones y avaló otros 200».

En la carta, que firman entre otros la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (de la UPB), Ecologistas en Acción o Counter Balance (organizaión continental), se añade que «el presupuesto previsto se ha triplicado». Además, nadie podía esperar que pudiera causar más de 500 seísmos. Lo que también aumenta los gastos al no estar claro su inicio.

Ante todo ello, se cuestionan «la viabilidad económica del proyecto» porque cabe la posibilidad «de que aflore más que nunca si Escal UGS -empresa propietaria- no cumple con la fecha límite para la puesta en marcha de las instalaciones (30 de noviembre de 2014) y los bonos tienen que ser liquidados».

Asimismo, a estos inconvenientes, hay que sumar que en octubre el TSJ desestimó el recurso del Gobierno. Industria solicitó la anulación de una cláusula del artículo 14 del real decreto por el que se concedía el proyecto al considerarla abusiva. En dicho apartado se estipula que si se paraliza la actividad sin desmantelar la planta, «las instalaciones revertirán al Estado» de modo que, según la Ley de Hidrocarburos, «se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas», salvo que se demuestre que ha existido «negligencia o dolo».

En este punto vuelven a estar en desacuerdo los firmantes de la carta remitida al BEI. Guiteras explica que a partir del «30 de noviembre, la fecha en que los tenedores de bonos tienen que emprezar a cobrar sus reembolsos y intereses, la empresa preveía tener el gas inyectado y el proyecto funcionando».

A partir de ahí, «si el Gobierno es coherente con los últimos estudios sísmicos y mantiene las instalaciones paralizadas, los bonos tienen que ser liquidados, por lo que se debería aclarar si el artículo 14 sigue vigente y quién los abonará». En su escrito piden al BEI «que el Estado no tenga que hacer frente al pago, entre otras cosas porque consideran la cláusula abusiva y perversa, de modo que hay que buscar vías para considerar esa deuda ilegítima, y que la pague quien la contrajo, la empresa, en lugar de la ciudadanía», indicó Mónica Guiteras.

La carta asegura también que los riesgos «geológicos eran conocidos e investigados, pero al parecer no se consideraron como una amenaza significativa. Esto pone en duda la calidad de la evaluación ex-ante y por lo tanto la calidad de la evaluación obligatoria para los proyectos apoyados en el marco de la Iniciativa de Bonos de Proyectos», lo que consideran otro motivo de peso para que los casi 1.700 millones que cuesta la plataforma -según señaló el ministro José Manuel Soria- «no pasen de ser una deuda privada para convertirse en deuda pública».

Esta es la segunda misiva que mandan estas organizaciones al BEI. «Su respuesta, tanto a nosotros como a otras entidades que conozco, siempre ha sido que no cuestionan su apoyo al proyecto y que están a la espera de que el Gobierno tome una decisión», apuntó Guiteras, quien añadió que «los bonos vencen a 21,5 años» y que creen que la Escal UGS «debería hacer público si tiene una previsión o seguro para casos como éste, o si por lo contrario sólo está a la espera de que el Estado cargue con la deuda».