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M. G.
Sábado, 5 de julio 2014, 00:02
La causa que ha generado esta resolución judicial tiene algo más de un año. El pasado 18 de julio de 2013, el despacho de abogados Llácer&Llácer presentaba una factura en el ayuntamiento de Algemesí por valor de 28.100,07 euros en concepto de honorarios profesionales por la defensa de un funcionario en las diligencias previas de un procedimiento que fue archivado por no acreditarse debidamente los hechos denunciados.
Esta cantidad llamó la atención tanto de Més Algemesí como de la aseguradora. Ésta última advirtió que se había cometido un error en el cálculo de la minuta, lo que, posteriormente, ha generado discrepancias entre el despacho de abogados y el propio Ayuntamiento que, a día de hoy, siguen sin haberse resuelto tras varios episodios para tratar de resolver este error aritmético.
Desde el Consistorio se le sigue reclamando por vía oficial que devuelva unos 16.600 euros
Por su parte, Josep Bermúdez, concejal de Més Algemesí, afirmó ayer que no estaba preocupado por su imputación, «sino por que se intente coartar la libertad de expresión, tanto de la oposición como de los medios de comunicación. Es algo desproporcionado y digno de otros tiempos».
El concejal también afirmó que, en un acto de conciliación celebrado y al que no acudió el letrado, «pedí que se me concretaran las injurias o calumnias para retractarme pero obtuve el silencio por respuesta».
Además, Josep Bermúdez criticó el hecho de que esté imputado «y aún no haya tenido ninguna notificación oficial» sobre esta cuestión.
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