Los ciudadanos pagarán la indemnización de 1.350 millones de la planta de gas de Castellón

El proyecto Castor, propiedad hasta ahora de Escal UGS, pasará en las próximas horas a formar parte del Estado. Durante el Consejo de Ministros celebrado ayer, se aprobó un real decreto-ley por el cual se aceptará la renuncia de la empresa (copropiedad de ACS y la canadiense CLP) a la concesión. Así, a la sociedad se le debe devolver la inversión, tal y como se firmó en su día, y serán todos los ciudadanos españoles los que pagarán los 1.350 millones de la indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años.

La intención del Ejecutivo con «estas medidas urgentes» es «garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en relación con el almacén». Para ello han decido mantener intactas las instalaciones de modo que durante «la hibernación no se realizará ninguna extracción o inyección de gas». Una decisión que cuenta con el visto bueno de los municipios afectados por los terremotos.

Por tanto, las instalaciones quedarán clausuradas y sus trabajos en 'stand-by' mientras el Ministerio de Industria reciba los informes internacionales solicitados al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Stanford. Entonces, indicaron desde el Ejecutivo, decidirán si se desmantela la planta, como esperan los vecinos y ayuntamientos de la zona.

La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de explicar la decisión y sus futuras consecuencias. A partir de ahora, el Estado será propietario del proyecto, aunque Enagás también estará muy ligada al mismo desde varios puntos de vista.

De hecho, como confirmó la principal distribuidora de gas en España en un comunicado, el real decreto reconoce los 1.350 millones «y establece una obligación de pago de dicha cantidad por parte de Enagás Transporte S.A.U. (filial de la sociedad) al titular de la concesión que se extingue -es decir Escal-.

En este sentido, fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS aseguraron que esta empresa gasista sólo hará de intermediario en la operación. En las últimas fechas ha ayudado a buscar una solución y, de inmediato cederá estos derechos de cobro a un sindicato de bancos de los que saldrá el dinero que debe percibir Escal UGS. En concreto, son el Banco Santander, Caixabank y Bankia, que recuperarán su dinero a través del sistema gasista. El primero de los pagos tendrá que producirse antes del 25 de abril de 2016, según anunció el Gobierno.

Donde sí que será parte importante es en velar «por el mantenimiento de la seguridad del almacenamiento», tal y como continúa la empresa en su comunicado y como indicó Santamaría. Es decir, que tendrá allí a sus técnicos pendientes de que no surja ningún tipo de complicaciones y para que nadie inyecte ni extraiga gas.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico añadieron en este aspecto que Enagás lo primero que tiene previsto es conocer con exactitud la situación de la planta y que pueden tardar varios meses en revisarla entera.

Mientras tanto, los vecinos de la zona se muestran conformes con la decisión del Gobierno de mantener en hibernación la planta, aunque no «con que el pueblo sea quien pague. Esta claro que Florentino (Pérez) no iba a salir perdiendo, pero no a costa de todos, porque hay gente que lo está pasando muy mal y esto es una carga más a sus espaldas», destacó Sebastià Fabregat, de la Associació de Veïns del Migjorn de Vinaròs. Por su parte, Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, celebraba que se «cumplan los pronósticos» y elogió la valentía de Gobierno a la hora de tomar la decisión, así como el hecho de que, como indicó Industria, al no poner en marcha la instalación a partir de 2017 se ahorrarán 110 millones de euros cada año.