Anulado el decreto que obligaba al copago a mayores y discapacitados

«Estamos contentos, pero ojalá no hubiésemos tenido que llegar a este punto». El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi CV), Joan Planells, recibió ayer con alegría contenida el nuevo varapalo judicial que acaba de recibir el Gobierno de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de la autonomía (TSJCV) hacía pública ayer su decisión de declarar «la íntegra nulidad de pleno derecho» del decreto con el que el Consell, en agosto del pasado año, decidía que ancianos y dependientes debían hacerse cargo de parte del coste de servicios de atención como los centros de día, las residencias, el sistema de ayuda a domicilio o la teleasistencia.

El TSJ, concretamente, anula el Decreto 113/2013 de 2 de agosto que venía a regular los precios públicos que, a partir de ese momento, deberían abonar los beneficiarios de estos servicios de ayuda. El juez, entre otros aspectos, considera este cobro como una nueva tasa, por lo que su aprobación debe realizarse a través de una ley en el parlamento autonómico y no con un simple decreto, una norma de menor rango. Por tanto, apunta a que el citado decreto «carece de ley de cobertura» e «infringe de manera frontal el principio de reserva de ley» ya que no corresponde a la Administración de la Generalitat, sino a Les Corts Valencianes, adoptar este tipo de decisiones. Además, califica la atención a los dependientes como un servicio «básico e imprescindible» y cita algunos otros errores en los informes aportados para justificar la decisión.

Sobre ello, Planells anunciaba ayer que han solicitado al juez una aclaración de sentencia para saber si los usuarios «deben reclamar la devolución de lo pagado o se hará de oficio», ya que «todo se ha cobrado de manera indebida». En su opinión, la sentencia demuestra que «todo lo que se ha hecho no sirve, por lo que hay que empezar de cero»; y por ello no cree que, al menos en lo que queda de legislatura, se apruebe un nuevo copago.

Sin embargo, sí lamentó que en este tiempo se hayan registrado casos de dependientes que, por la imposibilidad de abonar su parte del coste del servicio de recibían, tuvieron que abandonar los centros y las residencias que frecuentaban; por lo que, en la mayoría de los casos, sus plazas fueron ocupadas por otras personas, normalmente con un poder adquisitivo mayor. «Ahora veremos si pueden volver a admitirlos», advirtió.

Planells espera que tanto esta como el resto de cuestiones se traten en una reunión que ya tienen programada con la secretaría autonómica de Bienestar Social, con la que los responsables del Consell pretende «reiniciar el diálogo».

Además, recordó que la sentencia deja entreabierta una puerta a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido para aquellas personas «a quienes la Administración continúa imponiendo coactivamente el deber de abonar el copago al amparo de la Orden 21/2012 de 25 de octubre». En general, la Comunitat cuenta con más de 30.000 dependientes atendidos a través de recursos especializados, 13.000 de ellos graves o severos; aunque desde Cermi concretaron que, en este tiempo, el copago ha castigado directamente a unos 3.500 discapacitados (aquellos con el nivel de rentas suficiente ).

Acatar y adecuar

Tras hacerse pública la sentencia, sobre la que cabe recurso de casación en el plazo de diez días, desde la Conselleria de Bienestar Social restaron hierro al asunto indicando que el juez «no se pronuncia sobre si los usuarios deben realizar o no aportaciones económicas al coste de los servicios que reciben, sino tan solo sobre la fórmula legal necesaria para regular dichas aportaciones». Aún así, indicaron que acatarán la sentencia pero no descartaron la presentación de un posible recurso.

Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, apostó por mantener el diálogo con el Cermi CV, pero también insistió en que, a falta de poder analizar la sentencia con detenimiento, «incide sobre todo en el aspecto procedimental», por lo que no descartó rehacer el proceso a través de una ley. «Si se confirma que es un tema procedimental, respetando esa reserva de ley, lo que haremos sería tomar las acciones oportunas para adecuar la medida al marco legal exigible», subrayó.

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat (Cocemfe CV), por su parte, tildó de «ejemplar» y «esperanzadora» la sentencia, que «demuestra que este decreto no se ha realizado conforme a derecho y que el copago establecido era una imposición coercitiva para un colectivo especialmente vulnerable y en riesgo de exclusión social», recalcó el presidente de la entidad, Carlos Laguna. Este portavoz, además, recordó que este colectivo «está soportando gran parte del peso de la grave crisis que azota al país, que no dispone de una plena igualdad de oportunidades y que necesita cobertura social para tener una vida digna y poder cubrir aspectos básicos de la vida diaria».

Fuerzas sindicales como CC OO o STEPV también celebraron la sentencia en la que, sin embargo, ha tenido un papel fundamental la Universitat de València y más concretamente la Clínica Jurídica de la institución que, a instancias del Cermi recurrió el decreto. El dictamen de la institución acerca de las bases jurídicas que podrían sustentar el recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto ha sido clave en el procedimiento.